Australia: ¿quiénes son los sobrevivientes de la Generación Robada y por qué han demandado al Gobierno?

Entre 1910 y 1970, por lo menos 100 mil menores aborígenes australianos (no se conoce una cifra exacta) fueron separados de sus familias y entregados a nuevos hogares o instituciones como parte de la política colonizadora que buscaba crear una “Australia Blanca” en la isla. Más de 100 años después de iniciada esta práctica, miles de sobrevivientes de la denominada Generación Robada han presentado una demanda contra el gobierno nacional.

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“Afectando en medidas de 1 a 10 o de 1 a 3 niños, no hay una sola comunidad aborigen o del estrecho de Torres (un grupo de islas ubicadas entre Australia y Papúa Nueva Guinea) que no haya sido cambiada de forma permanente”, se explica en la web del Instituto Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (Aiatsis, por sus siglas en inglés).

Según la historia del país, sus primeros pobladores llegaron desde el sudeste asiático hace unos 50 mil años y alcanzaron una población estimada de un millón de habitantes para 1770, cuando el capitán James Cook desembarcó en la inmensa isla y la reclamó para la colonia británica. Los europeos recién colonizaron el lugar en 1788.

Para 1901, cuando se constituyó formalmente como un país, se implementó la Política de Australia Blanca.

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Las medidas dictadas durante esos años, que llegaron a afectar a tres o más generaciones de una misma familia, buscaban “adoctrinar” a los jóvenes indígenas para que “se adapten” a la sociedad blanca, señala la organización Australian Together.

La política de Asimilación, planteaba que solo existirían dos escenarios en los que los indígenas no afectarían a la sociedad blanca australiana: eliminándolos o haciendo lo posible por asimilarlos a sus normas.

“La remoción de niños (de sus hogares) rompió importantes vínculos culturales, espirituales y familiares y ha dejado un impacto duradero e intergeneracional en la vida y el bienestar de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres”, explica la web de Aiatsis.

Los menores eran obligados a cambiar sus nombres indígenas, estaban impedidos de hablar en su lengua originaria y en muchos casos estaban destinados a cumplir trabajos domésticos o eran maltratados en las instituciones que los acogían.

Otro factor importante es que estos menores, en su mayoría, no tenían acceso a la educación ni a servicios de atención médica, lo que se refleja en indicadores como que los sobrevivientes tienen mayor probabilidad de estar desempleados, tener una mala salud y sufrir de problemas mentales, además de presentar mayores dificultades para acceder a los servicios del gobierno, según un estudio realizado en el 2018 por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar.

En 1997, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades publicó el reporte “Bringing Them Home” (Retorno a casa, en español), en el que además de documentar las historias de 500 víctimas incluía unas 54 recomendaciones para remediar el daño hacia las comunidades indígenas. Una de ellas era el reconocimiento y perdón del Gobierno Australiano hacia estos grupos sociales.

Al año siguiente del informe, miles de australianos participaron de la campaña “El Libro del Perdón” que dio como resultado el 26 de mayo como el “Día Nacional del Perdón”.

Sin embargo, fue recién el 13 de febrero del 2008 cuando el entonces primer ministro Kevin Rudd pidió perdón a la Generación Robada y nueve años más tarde, en el 2017, su sucesor Malcolm Turnbull reiteró las disculpas tras conocerse un informe que documentaba los traumas en los sobrevivientes.

JUICIO CONTRA EL GOBIERNO

El miércoles, el abogado Tristán Gaven, representante del estudio Shine Lawyers, anunció que había iniciado una demanda colectiva en nombre de 800 habitantes del Territorio del Norte contra el Gobierno Australiano y el Commonwealth por daños y prejuicios, según recoge la agencia AFP.

Los sobrevivientes del Territorio Norte exigen que las autoridades les paguen una millonaria reparación, algo que ya ha sucedido en otras zonas del país sin necesidad de llevarlo ante los tribunales, según “The Sidney Morning Herald” (SMH).

“A finales de 2016, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció un plan de 59,5 millones de dólares para pagar reparaciones a los sobrevivientes de generaciones robadas, que implica un pago único de 75.000 dólares. (El estado de) Victoria anunció un plan de 10 millones de dólares en marzo del año pasado”, reseña el diario.

“Tasmania actuó más rápidamente y anunció un Fondo de Generación Robada de 5 millones de dólares en 2007. El gobierno de Australia Meridional estableció un plan similar en marzo de 2016, que incluía 6 millones de dólares para los sobrevivientes”, agrega el SMH.

Según la AFP, el gobierno federal, que administraba el Territorio del Norte en el momento en que se produjeron los secuestros, no presentó un plan similar.

Actualmente, un tercio de los 250 mil habitantes del Territorio del Norte son aborígenes.

Según el SMH, el abogado Gaven estima que entre 4 mil y 6 mil indígenas podrían verse beneficiados por esta demanda.

El proceso judicial espera celebrar su primera audiencia el próximo 17 de junio.

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