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La ejecución del brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, fusilado el sábado en Indonesia en cumplimiento a una condena por tráfico de drogas, tensó las relaciones bilaterales entre ambos países.
Según expresó el canciller brasileño Mauro Vieira, la decisión adoptada por la presidenta Dilma Rousseff de llamar a consultas al embajador brasileño en Yakarta, Paulo Alberto da Silveira Soares, "expresa gravedad, un momento de tensión".
Además de convocar a Silveira, la Cancillería brasileña llamó al embajador de Indonesia en Brasilia, Toto Riyanto, para entregarle una carta de protesta en la que expresa la "profunda disconformidad" de Brasil con la ejecución de Cardoso y también con el hecho de que hayan fracasado las gestiones al más alto nivel llevadas a cabo por el país sudamericano.
El brasileño AnclaMarco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, fue fusilado en la isla de Nusa Kambangan, en la costa sur de la isla de Java, donde hay una prisión de alta seguridad.
Junto a él fueron ejecutados un holandés, un nigeriano, un malauí y un indonesio. Una vietnamita fue fusilada por su parte en el distrito de Boyolali, en el centro de Java.
EL CASO
Marco Cardoso Moreira, quien trabajaba como instructor de vuelo libre, fue detenido en 2003 al intentar ingresar en el país con 13,4 kilos de cocaína escondidos en los tubos de un ala delta, y fue condenado a muerte en 2004.
La droga fue descubierta al pasar por un control de Rayos X en el aeropuerto internacional de Indonesia. El hombre, por entonces de 42 años, consiguió huir pero fue apresado dos semanas después.
Según la familia de Marco Cardoso, el condenado había adquirido la droga en la ciudad peruana de Trujillo. Con ella entró en el río Amazonas por barco y permaneció dos días en Manaos en la casa de su familia. Viajó a Sao Pablo y de allí salió rumbo a Yakarta. Pero antes de llegar a la capital indonesia llegó a realizar una escala en Amsterdam.
El fusilamiento de Cardoso fue el primero de un brasileño ejecutado en el exterior.
Otro brasileño, Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 años, también está preso desde hace diez años por introducir cocaína en el país y podría ser ejecutado en febrero, según el diario Folha de Sao Paulo.
