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La cúpula empresarial de Nicaragua y grupos cívicos rechazaron este sábado las facultades dadas a un ente estatal por el Gobierno de Daniel Ortega que crea una "suprapolicía" que viola derechos de personas y empresas, dijeron en un comunicado.
El reglamento a la ley que creo la Unidad de Análisis Financiero (UAF), publicado el 3 de octubre faculta a ese organismo a "tener acceso directo a información resguardada por instituciones públicas y a imponer sanciones administrativas" a sujetos bajo investigación, según el comunicado de los empresarios.
El presidente del Consejo superior de la Empresa Privada (COSEP), José Aguerri, en declaraciones a la prensa, consideró que las facultades dada a la UAF la convierten en una "suprapolicía".
La incorporación de estos elementos en el reglamento de la (UAF), "implican violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de ciudadanos y empresas del país (..) en momentos de la mayor crisis política", señalo el gremio.
Estas acciones podrían conllevar al "cierre temporal o definitivo" de empresas lo que contribuye a "exacerbar el clima de inseguridad" y "desestimula" la inversión nacional y extranjera, advirtió el sector privado.
Según la Articulación de Movimientos Sociales, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco que pide la salida del gobierno en la actual crisis, denunció que la UAF, es una "súper institución de espionaje" con amplias facultades de actuar y sin apego a leyes del país.
La información sobre salarios, impuestos, registro de personas, propiedades, así como actividades relacionadas a importación exportación, serán objeto de la UAF.
También podrá detener "las operaciones de bancos, financieras, correduría de seguros, comercializadoras de vehículos, empresas de remesas, joyerías, y organizaciones no gubernamentales, entre otras", mencionó la ONG.
La ley 976 de la UAF, fue aprobada por el parlamento - de mayoría sandinista - en junio pasado como una entidad para supervisar a los sectores que son regulados como sujetos obligados por la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Fuente: AFP
