:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/T4RVUNX635D7TOC36QDKSD6MSE.jpg)
Un adolescente saudita retenido durante más de cuatro años, sin ningún cargo, enfrenta una posible ejecución por actos cometidos cuando tenía tan solo 10 años, según los grupos de derechos humanos que siguen su caso.
Esas organizaciones consideran que una sentencia de muerte para el joven Murtaja Qureiris, que ahora tiene 18 años, sería una de las violaciones más atroces del mundo a la seguridad jurídica de los niños.
►Príncipe heredero saudita arremete contra Irán y dice que "no dudará" en responder a amenazas
►Arabia Saudita pide respuesta "decisiva" a las amenazas en el Golfo
►Colombiano se hizo pasar por un príncipe saudita durante 30 años y robó US$8 millones
“Hay pocas violaciones más serias al derecho internacional que la ejecución de un niño”, afirmó Maya Foa, directora de Reprieve, uno de estos grupos de derechos humanos. Señala que al solicitar la pena de muerte para Murtaja, “el régimen saudita está haciendo patente su impunidad ante el mundo”.
El acusado fue arrestado a la edad de 13 años y desde entonces ha estado en la cárcel. Los cargos en su contra, algunos de tres años anteriores a su arresto, se relacionan con su participación en protestas en contra del gobierno e incluyen la posesión de un arma de fuego y haberse unido a una organización terrorista.
La Organización Europea Saudita para los Derechos Humanos, la cual ha trabajado este caso durante años, mencionó la semana pasada que había confirmado por primera vez que el fiscal acusó a Murtaja en agosto del 2018, en relación con su participación en las protestas y recomendó que fuera ejecutado.
El grupo de derechos humanos también comentó que Murtaja estuvo detenido durante años sin ninguna acusación, en confinamiento solitario y sin acceso a un abogado, hasta que fue coaccionado a confesar. Amnistía Internacional confirmó que el fiscal pidió la pena de muerte para Murtaja la primera vez que lo sometieron a juicio en agosto del 2018.
Las ejecuciones —por lo general por decapitación— son comunes en Arabia Saudita; los grupos de derechos humanos afirman que casi siempre ocurren después de años en prisión, tortura y juicios simulados. Pero sería insólito, incluso en Arabia Saudita, decapitar a un acusado inculpado por acciones cometidas cuando aún era niño.
La Embajada de Arabia Saudita en Washington no hizo comentarios al respecto. La monarquía saudita ha defendido desde hace mucho tiempo su extendido uso de la pena de muerte.
En respuesta a las preguntas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017 acerca de las ejecuciones, el gobierno saudita dijo que la pena de muerte “solo puede ser impuesta en caso de los delitos más graves y está sujeta a los controles más estrictos” después del debido proceso. Sin embargo, los grupos de derechos humanos señalan que se solicita la pena de muerte por delitos menores y para castigar a los grupos minoritarios y a los activistas que desafían al gobierno.
“No debería haber dudas de que las autoridades de Arabia Saudita están dispuestas a llegar hasta donde sea para combatir violentamente a la disidencia de sus propios ciudadanos, lo que incluye recurrir a la pena de muerte para personas que solo eran niños en el momento de su arresto”, comentó Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Medio Oriente.
Señaló que era “inaceptable” que las autoridades sauditas pidan la pena de muerte por participar en manifestaciones durante la niñez.
Murtaja, miembro de la minoría chiita del país, fue detenido en setiembre del 2014, según la Organización Europea Saudita para los Derechos Humanos, la cual publicó un informe detallado sobre el caso.
La monarquía saudita se apega a una versión conservadora del islam conocida como wahabismo, el cual está arraigado en las normas sociales, el gobierno y el sistema judicial del país. Además, el gobierno ha sido acusado con frecuencia de perseguir a los chiitas de Arabia Saudita, país que es predominantemente sunita.
CNN publicó videos de Murtaja liderando a una multitud de niños durante una protesta en bicicleta en el 2011. En ese entonces, tenía 10 años. Era el momento cumbre de los levantamientos de la Primavera Árabe que conmocionaron Medio Oriente y el norte de África, y las protestas habían llegado a las provincias orientales de Arabia Saudita de mayoría chiita. Dichas manifestaciones a menudo terminaron en masacres o arrestos masivos.
Murtaja proviene de una familia de activistas en la provincia de Qatif, en la zona de mayoría chiita al este de Arabia Saudita. Su hermano mayor, Ali Qureiris, fue asesinado mientras participaba en una protesta en 2011.
La primera audiencia del acusado fue en agosto de 2018, casi cuatro años después de su arresto. Tuvo lugar en la Corte Penal Especializada del país, un tribunal contra el terrorismo establecido inicialmente en 2008 que se ha utilizado cada vez más para enjuiciar a manifestantes y a activistas de derechos humanos. Su siguiente audiencia podría ser dentro de algunas semanas.
Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo menos otros tres jóvenes —Ali al Nimr, Dawood al Marhoon y Abdulla al Zaher—, quienes también eran menores de edad en el momento de sus presuntos delitos, han sido sentenciados a muerte y actualmente están esperando su ejecución.
Hace algunos meses, la agencia de noticias estatal saudita informó sobre la ejecución masiva de 37 hombres. Al menos 33 eran chiitas. Los habían ejecutado por su “adhesión a una ideología extremista y terrorista y por formar células terroristas para corromper y trastornar la seguridad, propagar el caos y provocar conflictos sectarios”, informó la agencia noticiosa.
La ejecución fue repudiada por las Naciones Unidas y generó críticas entre los grupos de derechos humanos para que se hiciera responsable al dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.
“Las autoridades de Arabia Saudita tienen un historial escalofriante de emplear la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a manifestantes en contra del gobierno de la perseguida minoría chiita del país, incluyendo a niños”, señaló Maalouf.
La ejecución masiva de abril fue la más grande desde enero de 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó a 47 hombres por presuntos delitos de terrorismo, incluyendo al clérigo chiita, el jeque Nimr al Nimr, quien había criticado el trato que daba el reino a la minoría chiita.
Según el Informe Mundial de 2019 de Human Rights Watch, organización que sigue de cerca los abusos a nivel global, Arabia Saudita ejecutó a 139 personas en 2018, de las cuales la mayoría estaban acusadas de asesinato y de delitos relacionados con las drogas. De los ejecutados, 54 estaban acusados de delitos no violentos relacionados con las drogas.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, durante los primeros cinco meses de 2019, las autoridades sauditas han ejecutado al menos a 110 personas.
© "The New York Times"
