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“La imputación es un hecho público y, por tanto, los medios de comunicación y la sociedad tienen el derecho a conocer dicha circunstancia”, señala el jurista Joaquim Bosch sobre la declaración que realizará el 8 de febrero la infanta Cristina. Como Bosch, son numerosos los jueces que han alzado la voz contra el intento del gobierno de Mariano Rajoy de atenuar e incluso eliminar la imputación a la segunda hija de los reyes de España. Las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, que agrupan a buen número de jueces y magistrados, han manifestado su rechazo al intento de protección de la infanta Cristina.
El 7 de enero, el juez José Castro, que instruye un extenso sumario sobre presunto enriquecimiento ilícito de Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina, imputó a la infanta señalando que habría cometido los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal. La semana pasada el fiscal anticorrupción Pedro Horrach respondió con un escrito para descalificar la actuación de Castro y tratar de desvirtuar la imputación acusándolo de basarse en especulaciones y en una “teoría conspiratoria”. “Las dudas no sirven como base de una imputación porque la duda en un procedimiento penal equivale a mera conjetura, sospecha o especulación”, añadió.
El fiscal se pronunció así a pesar de que en el mismo escrito reconoce que Cristina hizo en el 2007 gastos personales –cenas, ropa para sus hijos, clases de salsa– con cargo a la empresa Aizoon, una de las entidades a las que el entramado Nóos desviaba fondos. Nóos era dirigido por el esposo de la infanta.
Sucede que en España todos los fiscales son nombrados por el gobierno de turno, situación que emana de la propia Constitución. Por eso desde que se conoció el escrito de Horrach las críticas recaen sobre el Ejecutivo, que, a todas luces, trata de impedir que la segunda hija de los reyes sea condenada. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó sin tapujos que tratará de que cuando la infanta declare en el juzgado de Castro, el 8 de febrero, no ingrese al tribunal por la puerta principal, a fin de evitar que se tope con los curiosos y la prensa. Esperanza Aguirre, connotada miembro del gobernante Partido Popular, aportó la idea de que la infanta entre por la puerta del garaje.
Al respecto, el jurista Bosch indica que “no queda justificado, como quiere el ministro, que se proteja a la casa real hasta el extremo de esconder que la infanta va a declarar al juzgado”. Para Bosch, este tipo de declaraciones y actitudes crea en la ciudadanía la sensación de que el gobierno promueve una evidente discriminación judicial.
*EFECTO BÚMERAN*
La defensa que el gobierno le da a la infanta Cristina ocasiona un efecto búmeran en España. En plena crisis económica los ciudadanos ibéricos toleran menos que nunca la corrupción.
José Luis Centella, de Izquierda Unida, dice: “Cuando haya una tercera república, vamos a tener que rendir homenaje a los que están intentando blindar a la casa real, porque están haciendo lo contrario”.
En el auto en el que cuestiona la imputación contra la infanta, el fiscal Pedro Horrach dice que no ha cometido delito porque ha gastado 69.000 euros con facturas “simuladas”. La ley indica que hay infracción a partir de los 120.000 euros.
El entramado Nóos, liderado por el esposo de Cristina, Iñaki Urdangarin, obtuvo más de ocho millones de euros de entidades públicas por asesorías sobrevaloradas.
