La política antidroga boliviana y de otros países golpea a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, pero también a las mujeres, según afirmó el representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Antonino De Leo.
"La mayoría de las mujeres detenidas por delitos menores relacionados con droga son mujeres pobres, sin educación, que han sufrido el abandono familiar y la violencia intrafamiliar", explicó De Leo en el transcurso de una serie de ponencias sobre la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas en Bolivia.
El 39 % de las mujeres encarceladas en Bolivia enfrenta este tipo de cargos, un porcentaje que triplica la media mundial, aunque esté cerca al porcentaje de otros países de la región.
Además, la población reclusa femenina en el mundo creció la mitad desde el año 2000, el doble de rápido que la población masculina, según datos citados por el organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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El representante de la Unodc en Bolivia afirmó que se puede hablar de "criminalización de la pobreza" y que la política antidrogas "ataca los eslabones más débiles".
De Leo puso el ejemplo de una mujer, huérfana desde los ocho años, que transportó cinco kilos de cocaína para pagar la graduación escolar de su hija a cambio de 15 dólares el kilo, la misma cantidad por la que se vende al menudeo un gramo de la misma sustancia.
El representante de la ONU atribuyó este tipo de casos a las leyes antidroga que se aprobaron en toda la región a finales de los años ochenta, "que tenían un enfoque punitivo y no prestaban atención a la dimensión de la salud".
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En este sentido, dijo que la legislación antidroga de Bolivia, conocida como "Ley 1008", es "obsoleta" y que las situaciones en que mujeres acaban en la cárcel por consumir drogas "deberían pertenecer al siglo pasado" también.
De Leo apuntó que "una reducción de la detención preventiva y la adopción de políticas de control de droga en línea con los estándares internacionales" permitirían reducir el hacinamiento de las cárceles de Bolivia.
El 62 % de la población reclusa de Bolivia está pendiente de sentencia, según datos de la unidad de Régimen Penitenciario.
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El director de esa institución, Jorge López, recordó que las mujeres representan el 7,9 % de la población reclusa de Bolivia y el 15,41 % de las personas privadas de libertad por delitos relacionados con drogas.
La ONU propuso que la próxima ley contra el narcotráfico en Bolivia recoja medidas especiales para acortar penas de las llamadas "mulas" (personas que transportan droga) que ya cumplen sentencia, así como mejorar la reinserción sociolaboral.
De Leo instó a los jueces tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y las motivaciones de las mujeres que delinquen, y reclamó al Gobierno "tomar en consideración" la opción del indulto con acompañamiento postpenitenciario para los delitos leves de tenencia y transporte de sustancias controladas.
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Desde 2012, el Gobierno ha decretado 4.953 indultos para delitos leves y el último decreto de este tipo sacó de la cárcel a 1.009 varones y 279 mujeres.
La directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, autora de un libro sobre la situación de reclusas por delitos de droga en la región andina, destacó que en Bolivia se había estabilizado el número de mujeres en esta situación.
Atribuyó esta circunstancia a la mejora de la situación económica general en Bolivia y bonos sociales de ayuda a las mujeres embarazadas, entre otras posibles causas.
Según un documental de la Fundación Construir proyectado en el acto, la mitad de las mujeres encarceladas por delitos de drogas no comprenden completamente su expediente judicial y el perfil más habitual es el de madres solteras o viudas.
Fuente: EFE
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