Cristian Abril salió el 16 de diciembre del 2022 a trabajar como domiciliario en la ciudad de Bogotá. Como acostumbraba, llevaba domicilios hasta altas horas de la noche. Así lo hizo aquel día con destino a la carrera 91 con calle 75. Cuando llegó al lugar, otro motociclista que venía a alta velocidad y en estado de embriaguez lo estrelló de frente.
Casi muere en este accidente, tras fracturarse la tibia y el peroné de su pierna derecha. Los médicos, quienes lo salvaron, tomaron la decisión de amputarle la pierna.
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El hombre, de 36 años, está casado y tiene un hijo de cuatro años. En busca de mejores ingresos para su familia, se vinculó a Rappi, ya que este era el trabajo que realizaba en las noches y los fines de semana.
Tras haber detenido sus labores, emprendió un proceso contra el joven que, según Cristian, tiene entre 22 y 23 años y a quien dejaron libre pese a que las autoridades lo encontraron en el lugar del accidente e incluso fue llevado al centro de salud al que trasladaron al domiciliario.
Hasta mediados de enero pasado pudo comenzar los trámites con el abogado que lleva su caso, quien le ha solicitado los certificados de las aplicaciones en las que trabajaba, es decir, Rappi y Didi, para comprobar los ingresos que tenía por medio de ellas, pero que luego del accidente no pudo recibir más.
La aplicación Didi respondió fácilmente a su solicitud. Por su parte, Rappi ha ido alargando el proceso, pues Cristian no puede acceder a la aplicación, ya que el día del accidente, según denuncia, lo bloquearon por no entregar los pedidos que le habían asignado.
”Yo he ido hasta las sedes de Rappi y ellos han visto que soy una persona incapacitada y siguen sin darme respuesta. Debo pagar carro para movilizarme y debo pedirle a alguien que me lleve, no puedo estar yendo a ver si por fin me atienden”, expresa para EL TIEMPO.
Por esta razón, Cristian decidió hacer pública su historia en redes sociales, luego de que por más de un mes insistió en las instalaciones de Rappi por el certificado que necesita.
“Vivo en Suba Rincón y debo ir hasta Fontibón para mis terapias. Estos tres meses he tenido más gastos que ingresos, pues uno no tiene dos trabajos por hobbie. Ahora ya no puedo llevar a mi esposa al trabajo, ni a mi hijo al colegio. Tuve que pagarle ruta pese a que vivimos cerca y debimos mudarnos cerca al trabajo de mi esposa”, dice.
El hombre también le comentó a EL TIEMPO que Rappi ya se puso en contacto y le aseguraron que próximamente tendría respuesta a su solicitud. Sin embargo, el paso a seguir es que Rappi pueda indemnizarlo con un seguro que la aplicación da a sus colaboradores, el cual, oscila entre los 20 millones de pesos, según Cristian.
El padre de familia tiene frustración por la condición de movilidad con el que ahora vive, debido a que, por ejemplo, los carros de aplicaciones o taxis no lo recogen cuando lo ven en su silla de ruedas.
Asegura también que lleva tres meses perdidos en los que pudo avanzar en su proceso jurídico e incluso en la posibilidad de acceder a una prótesis que facilite su movilidad y su vida en general.
¿Qué dice Rappi sobre el caso?
Al ser indagada por la situación, la aplicación de domicilios aseguró que desde el accidente ha acompañado a Cristian. Eso sí, reconocieron la demora en la expedición del documento requerido por el domiciliario para sus procesos judiciales.
“Lamentamos los inconvenientes que esta demora ha ocasionado. Nuestro equipo de operaciones estaba avanzando para expedir el documento cuanto antes y ya estamos tomando medidas para que este proceso no sea demorado ni para Cristian ni para ningún otro repartidor registrado en la aplicación Soy Rappi”, mencionaron.
Según la empresa, para este caso en concreto se aplicó la póliza contra accidentes junto con el seguro de vida y asistencia médica con la que todos los domiciliarios de la ‘app’ cuentan.
“Dicha póliza, incluye el reembolso de los gastos de curación y gastos adicionales en que el beneficiario pueda incurrir como compra de medicamentos, exámenes médicos, elementos de curación, entre otros”, añadieron.
Rappi está esperando “recibir por parte de las autoridades e involucrados competentes el dictamen de calificación de invalidez o el informe certificado de un médico legalmente habilitado” con el fin de avanzar en los demás procesos.