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Washington. El dictador chileno Augusto Pinochet fue el principal encubridor y rechazó investigar el caso de dos jóvenes que fueron quemados vivos por militares en 1986, según documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos publicados hoy.
Los documentos, hasta ahora secretos y procedentes de la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado, revelan que ese encubrimiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos.
El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó los documentos en su página web.
Rodrigo Rojas, que entonces tenía 19 años, y Carmen Gloria Quintana, de 18, fueron detenidos por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados.
Después, los soldados los llevaron a las afueras de la ciudad y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural de la que lograron salir unas horas después y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 días después.
El "caso Quemados", como es conocido en Chile, ha sido reabierto a partir de la confesión de un hombre que formo parte de la patrulla militar que quemó a los jóvenes y ya han sido detenidos y procesados doce exmilitares.
El juez del caso, Mario Carroza, procesó este jueves a los cinco exmilitares que fueron detenidos el lunes pasado por su presunta participación en los hechos.
Los cinco se suman a otros siete procesados la semana pasada y como el resto están imputados por el homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas, que murió por las quemaduras, y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Según un documento desclasificado del Departamento de Estado de EE.UU., solo cinco días después de la muerte de Rojas el general Rodolfo Stange, entonces jefe de la Policía chilena, hizo entrega a Pinochet de un informe en el que se identificaba a las unidades militares responsables del crimen.
Pinochet dijo a Stange que no se creía esa información y se negó a recibir el informe, de acuerdo con el documento desclasificado.
Posteriormente Stange entregó el informe al general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante en jefe del Ejército y quien supervisó "intensos esfuerzos para silenciar a testigos y enterrar las pruebas", según los documentos estadounidenses.
Fuente: EFE
