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Caracas, AP
Un tribunal de Caracas negó el miércoles a la defensa del líder opositor Leopoldo López la presentación de pruebas y testigos en el juicio en su contra por hechos violentos ocurridos en febrero en la capital, anunció uno de los abogados del dirigente.
La jueza Susana Barreiros ratificó el miércoles la decisión de no permitir a los defensores de López la presentación de pruebas y testigos durante el juicio, indicó Roberto Marrero, uno de los abogados del opositor.
Marrero dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que no se puede hablar de un juicio en el caso de López porque sólo a la Fiscalía, la parte acusadora, se le está permitiendo presentar sus alegatos y testigos mientras que a la defensa se le está negando esa oportunidad.
El abogado señaló que durante la segunda audiencia, López tuvo una breve intervención en la que manifestó a la jueza que "un juicio sin pruebas, más que un juicio es un paredón de fusilamiento".
Tras el discurso del dirigente, la jueza Barreiros dio por culminada la sesión y fijó para el 28 de agosto la nueva audiencia, precisó Marrero.
Las autoridades judiciales no han emitido comentarios sobre el proceso a López, que permanece detenido desde febrero en una cárcel militar a las afueras de la capital y que fue llevado miércoles al Palacio de Justicia, en el centro, para la segunda audiencia del juicio que se inició el pasado 23 de julio.
Los alrededores del Palacio de Justicia fueron cercados por varias decenas de guardias nacionales que utilizaron para el bloqueo grandes camiones antimotines.
López fue acusado en abril por la Fiscalía General de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. El dirigente es señalado de promover hechos violentos en el centro de Caracas que ocurrieron luego que la oposición realizó una protesta multitudinaria contra el gobierno el 12 de febrero.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos, el dirigente del partido opositor Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía General.
