Personaje del año 2017: Sérgio Moro, el juez de Lava Jato

Responsable por la primera condena de un ex presidente de Brasil por corrupción y por el encarcelamiento de políticos y empresarios poderosos en la operación Lava Jato, el juez federal Sérgio Moro está resentido con la inacción del Ejecutivo y del Legislativo en el combate a la corrupción. Sobre todo por situaciones como la falta de castigo más riguroso para los delitos de financiamiento irregular de campañas –la llamada caja 2, que él define como una “trampa electoral”–, y la existencia de un fuero privilegiado, que para él debería acabarse.

Elegido Personaje Latinoamericano del 2017 por los directores y editores de los 11 diarios del Grupo de Diarios América (GDA), el juez Moro contestó las preguntas formuladas por periodistas de estos medios.

— ¿La operación Lava Jato logró reducir la corrupción en Brasil o solo la hizo más visible?

Es muy difícil dimensionar la corrupción. No se sabe cuántos casos reales existen y lo que se tiene, normalmente, son medidas de percepción de la corrupción. En los índices de Transparencia Internacional, Brasil no se encuentra en una posición muy buena. Lo que los casos judiciales revelan es que la percepción que teníamos de que la corrupción era muy grande en Brasil es, de hecho, real. La corrupción evidentemente no se va a acabar, pero si la impunidad estimula la corrupción, la disminución de la impunidad debe acarrear igualmente la disminución de la corrupción. Pero sería oportuno que hubiera reformas más generales por parte del Gobierno, por parte del Legislativo, contra los incentivos y las oportunidades de corrupción. Y eso es algo que está casi totalmente inerte.

—El 2018 será el cuarto año consecutivo de investigaciones y de repercusiones en otros países. ¿Nuevos casos de corrupción tendrán la capacidad para escandalizar a los brasileños o es que la sociedad ya lo ve como “la regla del juego”?

Ese es un efecto colateral negativo, que de la revelación de todos esos casos se vaya a una cierta insensibilidad de la sociedad brasileña. Pero casos más recientes, ampliamente divulgados aun después de todo lo que ocurrió en Lava Jato, provocaron un gran sentimiento de rechazo en la población.

—Las investigaciones mostraron que los principales partidos y muchos políticos se involucraron en algún tipo de irregularidad, ya sea por el uso de la caja 2 o la corrupción...

Tanto la caja 2, que sería una donación electoral irregular no contabilizada, como la corrupción, son delitos. Ambos tienen que tener una respuesta institucional. Lo que es correcto es correcto, lo que es errado es errado. Las personas que se involucraron sabían que era ilegal y deben sufrir las consecuencias.

— ¿Cómo Brasil puede superar ese escenario, en el que la corrupción se esparció por todo el gobierno?

Es importante que los procesos judiciales funcionen y sean efectivos, que no tengamos impunidad. Pero, más que eso, precisábamos de un discurso firme por parte de nuestros líderes políticos contra la corrupción, que fuesen acompañados de acciones consistentes con ese discurso. Eso involucra no solo un cambio en la legislación procesal y penal, sino también para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También que el gobierno dé el ejemplo con un comportamiento honesto.

—El Supremo Tribunal Federal ha sido escenario de divergencias y polémicas en relación con los investigados con fuero privilegiado. ¿Usted esperaba más de las investigaciones en ese tribunal?

Por buenas que sean las intenciones de los jueces, magistrados y ministros involucrados, esos procesos son complejos y avanzan mejor ante los jueces comunes. La primera instancia tiene mejores condiciones de trabajar en esos procesos que en los tribunales superiores, normalmente sobrecargados de los casos más diversos. Una lección que se tiene que extraer de eso: si el fuero privilegiado funciona, en la práctica, como blindaje de agentes públicos, este debería ser simplemente eliminado o reducido significativamente.

—Una decisión suya –la condena del ex presidente Lula– puede dejar fuera de las elecciones a un presidenciable importante, que lidera las encuestas. ¿Cómo se siente frente a la posibilidad de haber influido directamente en la disputa del 2018?

El papel del juez es cumplir la ley. El juez juzga los procesos según las leyes. Las consecuencias fuera del proceso no son responsabilidad del juez. Si eventualmente esa situación ocurre, no fue porque el juez así lo decidió. Alguien cometió un delito, la ley prevé inhabilitaciones y eso puede ocurrir.

— ¿Usted ve un riesgo de retroceso en la legislación anticorrupción?

Lo que me preocupa en lo inmediato es que hubo una decisión muy importante del Supremo Tribunal Federal, que previó que a partir de una condena en segunda instancia se puede ejecutar la condena. Yo entiendo que ese precedente, con todo el respeto a quien piensa lo contrario, debería ser considerado un punto de no retorno. Sería un tremendo retroceso. Y de cierta manera esto ilustra una cierta zona de incertidumbre. ¿Brasil va a avanzar, buscaremos construir un ambiente de mayor integridad en la gestión de lo público o estamos aquí pensando en retroceder y retomar la impunidad como regla, algo que teníamos hace no mucho tiempo?

— ¿El tema de la segunda instancia es el más peligroso?

No sirve de nada tener una mejor regulación de la caja 2 como delito, no sirve de nada cortar brechas en la legislación penal, si un proceso no llega a su fin. Necesitamos tener un proceso que llegue a su fin en un tiempo razonable. Y para eso fue fundamental esa decisión del Supremo Tribunal Federal. Lo que teníamos en el pasado, salvo grandes excepciones, eran procesos que involucraban delitos de corrupción y que nunca se terminaban.

—Lava Jato mostró que la justicia, por sí sola, no es capaz de cambiar la realidad de Brasil. ¿De alguna forma, eso lo anima a tener una actuación política en el futuro?

No. Lo que he dicho y reiterado –y creo que ese es mi papel, debido a la visibilidad que los casos alcanzaron– es recordar la necesidad de que, además de tener una justicia que funcione, son necesarias reformas más generales para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. Asimismo me he manifestado en el sentido de que el sector privado también tiene responsabilidades en estos esquemas criminales. Una actitud del mundo empresarial más íntegra ya hace una gran diferencia.

— ¿Lava Jato tuvo un efecto más amplio en el sector privado o se restringió a las empresas implicadas en la operación?

Vemos hoy casos judiciales relevantes de crímenes de corrupción que se expandieron por Brasil: en Río, en Brasilia, en Mato Grosso del Sur y en Río Grande del Norte, por ejemplo. En algunos de los países vecinos, que también tenían tradición de impunidad, empezamos a ver que pasan cosas, con encarcelamientos y procesos relevantes en el Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Es decir, hay un movimiento anticorrupción y creo que eso tendrá un impacto significativo en Brasil. Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. La corrupción extendida como estaba –o como tal vez aún lo esté– es algo que impacta la eficiencia y la productividad de nuestra economía, además de disminuir la calidad de la democracia. Hay dudas sobre si las empresas brasileñas van a conseguir competir si siguen sometidas a tasas e impuestos escondidos de sobornos, de corrupción.

— ¿Hasta dónde llega la sombra de Odebrecht en América Latina?

Así como la economía es globalizada, muchas veces la práctica corrupta también se globaliza. Es importante tener en cuenta que si Odebrecht pagó a agentes públicos o políticos de otros países, probablemente otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a las extranjeras y probablemente a las empresas de los respectivos países.

— ¿Aún falta revelar algo más del gran caso de corrupción?

Brasil ha adoptado una postura de cooperación jurídica internacional. Cuando recibimos pedidos de cooperación e intercambio de pruebas, la postural usual ha sido acceder a ese intercambio. Cuando las pruebas provienen de personas que hicieron un acuerdo de cooperación (con la justicia), hemos puesto condiciones para protegerlas de eventuales procesos en el exterior, lo que me parece natural. Las pruebas pueden ser utilizadas, pero no en contra de esas personas. Observada esa condición, no se ha escondido nada.

— ¿En América Latina, no hay nada más allá de lo que ya se sabe que deba ser investigado?

Recientemente se decidió en el Perú decretar prisión preventiva a algunos empresarios locales que habrían trabajado asociados al grupo Odebrecht. Si esos países que recibieron partes de las investigaciones las profundizan, seguramente van a encontrar otros esquemas de soborno y corrupción no necesariamente vinculados a Odebrecht.

— ¿Cuál es el riesgo de que el poder político cierre las investigaciones?

El Judicial es un poder independiente, el Ministerio Público tiene un alto grado de autonomía, y en las policías, pese a que acá en Brasil estén vinculadas al Poder Ejecutivo, existe una cierta profesionalización. No es tan simple una acción política que entierre las investigaciones. Y existe una democracia que es cada vez más informada y más demandante. Yo creo que, a pesar de estar bajo la sombra del retroceso, es muy difícil volver al statu quo anterior. Las personas ya no toleran ciertos comportamientos por parte de sus gobernantes y quieren que las instituciones den respuesta. Parafraseando ‘el precio de la libertad es la eterna vigilancia’, yo diría que ‘el precio de la integridad es la eterna vigilancia’ de parte de los gobernados.

— ¿Usted considera que el trabajo del publicista João Santana en diferentes campañas en América Latina puede poner en duda la legitimidad de esas elecciones?

Sería necesario analizar cada caso. Pero uno de los elementos más perturbadores de esas investigaciones fue la constatación de que arreglos de corrupción en contratos públicos servían no solo para alimentar riquezas ilícitas de agentes públicos o políticos, sino para financiamiento ilícito de elecciones. Eso para mí es muy grave. Aquí en Brasil es gracioso, porque muchas veces se argumenta una diferenciación entre enriquecimiento ilícito y el financiamiento ilícito electoral, en el sentido de que el enriquecimiento personal es más grave. Yo, en lo personal, pienso lo contrario. Las dos conductas son graves, pero lo más grave es usar dinero de un crimen para cometer un fraude en las elecciones. Cuando eso sea constatado, si es constatado, realmente, es muy grave ver comprometida la integridad de las elecciones por ciertos arreglos de corrupción.

— ¿Dependeremos siempre de algún juez, fiscal o autoridad dispuesta a arriesgarse para descubrir y castigar a los corruptos?

Es una ilusión creer que la corrupción dejará de existir. No va a ocurrir. Y puede ser que estén ocurriendo casos graves. Lo importante es que las instituciones den una respuesta. Participé en un encuentro en Boston, Estados Unidos, y tuve una información interesante de que tres ex presidentes de asambleas legislativas de Massachusetts, que vemos como un estado bastante desarrollado en EE.UU., habían sido condenados criminalmente por corrupción. Tres sucesivos. Para mí fue hasta una sorpresa, pero el lado positivo es que los casos fueron detectados y las personas, efectivamente, castigadas. No creo que EE.UU. sufra los mismos niveles de corrupción de algunos países de América Latina, pero ese es el lado importante: que las instituciones funcionen. Y no es del día para la noche que se cambia eso. No es por esfuerzos voluntaristas de algunos individuos. Creo que si las instituciones hacen en serio su trabajo, si nuestros representantes electos toman en serio las responsabilidades que resultan del hecho de haber sido elegidos en un régimen democrático, hay condiciones para tener niveles de corrupción mucho más bajos.

—¿Usted cree que Brasil –y tal vez otros países de América Latina– avanzan hacia un proceso similar al de Italia en los años 90, cuando varios partidos desaparecieron en medio de las investigaciones de corrupción?

Existe siempre la expectativa de que en un ambiente de libertad y democracia los países avancen. Y aquellas personas identificadas con la práctica de corrupción, y hasta los partidos, tienen que sufrir las consecuencias. En el caso de las personas, tienen que ser alejadas de la vida política. En el caso de los partidos, tienen que reconocer sus errores y hacer los cambios necesarios internamente para que puedan proseguir. De lo contrario, lo mejor es que el partido también sea alejado de la vida política. Muchas veces, a mi parecer, falta la percepción de que los propios partidos tienen su responsabilidad. Ellos no necesitan esperar que exclusivamente la justicia responsabilice a sus miembros que practiquen irregularidades. Tienen que resolver esos temas internamente. Si así lo hacen, es algo elogiable. El error es lamentable, pero peor que eso es insistir en el error. Pero si ellos se corrigen, no veo por qué el partido no pueda salir adelante.

—Las delaciones compensadas fueron la base de la operación Lava Jato. Ya tenemos casi 300 delatores [en Brasil]. ¿Usted ve la necesidad de perfeccionar la legislación?

No sé si concuerdo en que las delaciones fueron la base. Fueron importantes para expandir las investigaciones, pero también hubo colaboración internacional, el rastreo bancario. Es innegable que las colaboraciones tuvieron un papel relevante, pero no veo la necesidad de una reforma legislativa. Tenemos que evolucionar en la práctica, que es relativamente nueva. No sé ese número de 300. No hago ese tipo de cálculos.

—Fue divulgado por la Procuraduría General de la República.

Es diferente cuando se investiga un asalto a un banco que para clarificar basta llegar a un acuerdo con un miembro de la banda. En la operación Lava Jato se hizo evidente que había una multiplicidad de crímenes y de personas involucradas, no todas tenían un amplio conocimiento de los esquemas criminales. Fue necesario realizar acuerdos con varios involucrados, porque muchas veces uno sabía solo una parte de un esquema.

—No conocemos el contenido de gran parte de esos acuerdos. ¿Eso significa que tendremos muchos frentes de investigación por ser abiertos o revelados?

Las investigaciones prosiguen. Es algo que es una garantía institucional y que ninguna prueba va a ser barrida bajo la alfombra. La investigación criminal es compleja. Sí, pueden surgir casos relevantes.

Fuente: Grupo de Diarios de América, GDA