El Perú y otros 12 países exigen "cese inmediato" de violencia en Nicaragua

El Perú y otros doce países de Latinoamérica exigieron este lunes en una declaración conjunta el "cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas" en Nicaragua.

Este país está sumido en una crisis de más de dos meses desde las protestas contra una reforma del sistema de pensiones que mutaron al clamor popular por la salida del presidente sandinista Daniel Ortega, a la vez que su gobierno respondió con una fuerte represión paramilitar.

Los trece países, entre ellos Costa Rica y Honduras, exigen "el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares", reza el comunicado.

Condenaron además la violencia que provocó la "pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos" en Nicaragua, así como la "represión" contra estudiantes y civiles, señala la declaración difundida por la Cancillería del Perú.

Además del Perú, Costa Rica y Honduras, la "declaración especial sobre la situación en Nicaragua" la apoyan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Paraguay-todos ellos pertenecientes al Grupo de Lima-, así como Uruguay y Ecuador.

Los 13 países instaron además a Managua a "reactivar el diálogo nacional" que "involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles" y expresaron su apoyo a los obispos de Nicaragua en su trabajo "en pro de la búsqueda y promoción de soluciones al conflicto".

El gobierno de Daniel Ortega y "otros actores sociales" deben demostrar, en su opinión, su "compromiso" con resultados concretos sobre los "desafíos fundamentales del país", como "la celebración de elecciones libres, justas y oportunas" en Nicaragua, según la declaración.

Desde el 18 de abril, unas 280 personas perdieron la vida en una oleada de protestas contra una reforma del sistema de pensiones que se convirtieron en un clamor para exigir la salida del poder de Ortega.

La oposición acusa a este ex guerrillero de 72 años, en el poder desde 2007 y cuya esposa Rosario Murillo es la actual vicepresidenta, de instaurar una dictadura y pide anticipar a marzo próximo las elecciones presidenciales de 2021.

Al tiempo que se emitía esta declaración, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, afirmó en un comunicado que "las elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes son el mejor camino hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua".

"Instamos a Ortega a que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua", señaló Nauert.

Cabe resaltar que la declaración de los 12 países está fechada en Bruselas, donde tiene lugar hasta el martes una reunión de los cancilleres de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La situación en Nicaragua se abordó también en el primer día de reunión, después que Chile avanzara que su canciller Roberto Ampuero llevaría el tema a la cita y la ministra de Costa Rica, Epsy Campbell, adelantara que pediría un pronunciamento del foro.

Al pedido se sumó el secretario general de la ONU, António Guterres, quien afirmó que "es una responsabilidad esencial del Estado la protección de sus ciudadanos, y este principio básico no puede ser olvidado, sobre todo cuando desafortunadamente tenemos un número de muertos que es absolutamente chocante".

"Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia y se revitalice el diálogo nacional, porque solo una solución política es aceptable para Nicaragua", declaró Guterres en San José junto al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

La víspera, la diplomacia europea había condenado "los actos de violencia contra estudiantes y civiles" en Nicaragua, urgiendo a "cesar toda violencia" y a lograr "una solución pacífica y democrática en el país en el marco del diálogo nacional".

Las autoridades nicaragüenses también solicitaron la mediación de la UE, indicó a la AFP una fuente diplomática europea, para quien aceptarlo habría supuesto "una pérdida de credibilidad" ante un "régimen autocrático y cleptocrático".

Fuente: AFP/Cancillería del Perú