Expertos forenses encontraron evidencias en restos óseos para la posible identificación del segundo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace un año en Guerrero (sur), informó este miércoles la fiscal general de México, Arely Gómez.
"Existen indicios que establecen la posible correspondencia entre (el estudiante desaparecido) Jhosivani Guerrero de la Cruz y las muestras" de ADN revisadas por expertos forenses de la Universidad de Innsbruck en Austria, que trabajaron sobre restos humanos hallados por la fiscalía cerca del sitio de la desaparición, dijo Gómez en un mensaje a la prensa.
De confirmarse que estos restos corresponden a Guerrero, serían dos los estudiantes identificados luego de que en diciembre pasado los mismos expertos de la Universidad de Innsbruck identificaron los de Alexander de la Mora, otro de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en un crimen que indignó a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional.
Los restos "proporcionan evidencia moderada de perfil de la víctima (...) coincidente con la madre" de Guerrero de la Cruz, un joven de 21 años de edad, añadió la fiscal.
Gómez explicó que estas evidencias serán incorporadas al expediente de la investigación y se informará de estos hallazgos al juez de la causa para que sea "quien determine legalmente lo conducente".
Los resultados también han sido comunicados a los abogados de los familiares de los estudiantes desaparecidos y al equipo de antropólogos forenses que colaboran en la investigación.
La fiscalía ha defendido lo que donomina una "verdad histórica", según la cual la noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa fueron atacados por policías locales coludidos con criminales en Iguala, cuando los jóvenes tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas.
Los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival para luego incinerar los cadáveres en el basurero de la comunidad de Cocula y echar los restos a un río, según la fiscalía.
Sin embargo, un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 7 de septiembre pasado las conclusiones de una investigación que desmorona la versión oficial, diciendo que no hay evidencia científica que los estudiantes fueron incinerados en el basurero.
