Policía de Río de Janeiro alcanza récord sombrío de asesinatos

Río de Janeiro. Por callejones estrechos y escaleras que coquetean con el precipicio en Río de Janeiro, Eduardo Ferreira Lima, presidente de la asociación de vecinos de las favelas Fallet y Fogueteiro, avanza casa por casa golpeando puertas.

“¿Tiene algún abuso para relatar?”, pregunta “Dudú”, como es conocido por los vecinos.

Ferreira asegura que los tiempos de buena convivencia con la policía cambiaron drásticamente. “Está habiendo muchos abusos acá”, dice.

Fallet Fogueteiro fue escenario en febrero de la operación policial más sangrienta del año con 15 muertos en una acción que la justicia investiga por posibles casos de ejecución sumaria y torturas.

Al calor de operaciones sangrientas como ésa, que fue denunciada por organizaciones de derechos humanos, la policía de Río de Janeiro alcanzó un récord sombrío: al completar los primeros tres meses del año, la fuerza mató a 434 personas --casi cinco por día-- en enfrentamientos, la cifra más alta en 20 años.

Según datos oficiales, es la primera vez que en el trimestre inicial la policía de Río comete más de 400 homicidios desde 1998, cuando el gobierno del estado comenzó el registro. El año pasado, en el mismo lapso, fueron asesinadas 368 personas.

El incremento coincidió con el comienzo de la gestión del gobernador Wilson Witzel, un exfusilero de la marina aliado del presidente Jair Bolsonaro, quien ha prometido tolerancia cero contra los criminales y flexibilizó la posesión de armas en Brasil.

El aumento en las muertes causadas por la policía presenta un contraste con la disminución de los homicidios practicados por criminales, que se redujeron 26% en lo que va del año.

En la campaña electoral Witzel había prometido que con él al frente del gobierno la policía dispararía “a la cabeza” de cualquier delincuente que estuviera portando un arma. Semanas atrás, el gobernador admitió que la policía ya está utilizando tiradores en las favelas.

“Existe una autorización tácita de que la policía puede matar”, dice Felippe Angeli, especialista en seguridad pública del Instituto Sou da Paz.

The Associated Press contactó a la policía militar, que a través de su asesoría de comunicación respondió que no haría comentarios sobre la estadística.

Angeli reconoce que la violencia policial siempre fue alta, pero observa un cambio desde que Witzel asumió la gobernación.

“La violencia llegó hasta un nivel simbólico, porque el gobernador celebra la muerte de sospechosos en operaciones y eso influencia e impacta en futuras operaciones”, aseguró Angeli, quien vaticinó que con más armas entre la población civil la situación puede empeorar.

Desde 2013 la cifra de víctimas de la policía está en franco ascenso. La elevada violencia es un problema histórico en Brasil y en Río, uno de sus principales destinos turísticos.

Orlando dos Santos, de 42 años, vive en Maré, un complejo de favelas en la zona norte de la ciudad y perdió a su hijo Samuel el año pasado en una operación que dejó siete muertos en una comunidad cercana al teleférico del Pan de Azúcar.

Dos Santos reconoce que su hijo de 27 años tenía vínculos con el tráfico de drogas pero dice que la noche de su desaparición había ido apenas a divertirse a un baile. Nueve meses después, el cuerpo de Samuel no ha sido encontrado.

“No tengo respuesta de ninguna autoridad. Por el tiempo que pasó y porque supe que quienes estaban con él murieron, creo que está muerto. Fue una verdadera ejecución policial”, dice dos Santos.

La estadística creciente de muertos por la policía reabre la herida.

“Nuestro sufrimiento no pasa. La policía debe capturar, enviar a prisión y la justicia juzgar a las personas. La violencia del nuevo gobernador genera más violencia”.

El año pasado, el entonces presidente Michel Temer resolvió que los militares asumieran la seguridad del estado en una intervención que se extendió hasta diciembre.

Pese a las mejoras en algunos indicadores --como los robos de cargas--, las fuerzas armadas no resolvieron los problemas estructurales.

Paulo Storani, ex subcomandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la policía y consultor de seguridad, dice que el aumento en el número de muertes es una consecuencia “natural” de la decisión de la policía de intentar recuperar territorios abandonados por el estado durante muchos años.

“No existe ninguna licencia para matar en la policía. Los criminales están con armas de guerra y la policía está orientada a recuperar territorios. Existen enfrentamientos violentos porque los delincuentes se fortalecieron por la inacción de gobiernos pasados”, dice Storani.

Fuente: AP