La denuncia de una violación grupal a una mujer de 30 años ha estremecido a Uruguay al extremo que su presidente, Luis Lacalle Pou, declaró que la situación es “asqueante y aberrante”.
El caso llegó a la justicia después de que la víctima, una mujer de 30 años, denunciara que varios individuos abusaron sexualmente de ella en la madrugada del domingo.
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La justicia intenta determinar si fueron cuatro o cinco hombres los que participaron de la violación, informaron fuentes al tanto de la investigación.
Hasta la noche del martes había cuatro personas emplazadas por este delito.
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Si bien aún se aguardan las pruebas científicas para identificar a los responsables, la fiscal uruguaya de delitos sexuales Sylvia Lovesio sostiene que se trata de un caso inédito para este país de 3,5 millones de habitantes.
“En Uruguay sí, es un hecho sin precedentes”, dice Lovesio, que conduce la investigación, a BBC Mundo.
Pero los hechos también han provocado advertencias sobre la forma en que la sociedad uruguaya, considerada vanguardista en ciertos temas, trata los delitos sexuales en pleno siglo XXI.
La denuncia
Según la denuncia, la víctima fue a bailar el fin de semana a un pub del barrio de Cordón, próximo al centro de Montevideo, y conoció a un individuo que la invitó a su domicilio.
Ella aceptó ir con una amiga y luego de llegar se retiró junto con el hombre a una habitación donde ambos comenzaron a solas a tener relaciones sexuales consentidas.
De pronto, al menos tres individuos más aparecieron en la habitación y, junto con el mismo hombre que había llevado a la mujer hasta allí, comenzaron a abusar de ella.
Su amiga esperaba en la calle. Cuando la víctima logró salir en un estado de angustia extrema y le contó lo que le había ocurrido, realizaron la denuncia telefónica.
La fiscal Lovesio dice que los informes del médico forense que recibió el martes confirman que la mujer “obviamente fue víctima de una violación”.
Y señala que la víctima, que ha recibido asistencia de especialistas, “está obviamente con un shock emocional y psicológico terrible”.
En la mañana del domingo, la policía detuvo en el mismo domicilio a tres personas —un adolescente y dos inquilinos— que fueron emplazados y quedaron en libertad con la prohibición de acercarse a la víctima o salir del país.
“Estas personas no fueron detenidas en flagrancia, que sería la hipótesis por la cual yo podría haber pedido la prisión”, explica Lovesio. “Eso hubiera sucedido si la policía llega y los encuentra abusando de la víctima”.
La fiscal espera pedir la prisión preventiva de los denunciados una vez que obtenga pruebas suficientes, incluidos los resultados de las pruebas ADN que les realicen.
Los adultos se negaron a ceder de forma voluntaria sus muestras de ADN, informaron medios locales, y se espera que la justicia emita una orden para recogerlas.
“Cambio cultural”
Uruguay tiene una tradición de avanzada en América Latina en temas de derecho y protecciones sociales.
A comienzos del siglo XX, el país aprobó leyes pioneras sobre temas como el divorcio por sola voluntad de la mujer o el voto femenino.
Y en la década pasada se volvió uno de los pocos países de la región en despenalizar el aborto voluntario, así como el primero del mundo en legalizar el mercado de marihuana.
Sin embargo, la denuncia de violación grupal ha generado cuestionamientos sobre cuánto hace Uruguay para proteger a las víctimas de delitos sexuales y castigar a los violadores.
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, reclamó el martes un “cambio cultural” para evitar hechos como el denunciado.
En particular, pidió “enseñar perspectiva de género y violencia basada en género en el sistema educativo, desde jardinera a la Universidad”, además de capacitación en el sistema de justicia.
“Mientras este tema no sea realmente #emergencianacional (…) las mujeres seguiremos siendo violadas y sin tener una adecuada respuesta institucional”, sostuvo el comunicado
El presidente Lacalle Pou sostuvo el martes que la pena debería ser ejemplarizante “para estos actos que no son propios del ser humano ni son propios en este caso del género masculino”.
“Nos debería dar vergüenza”, dijo.
No obstante, Lovesio señala que en Uruguay hay apenas tres fiscalías de delitos sexuales, cada una de las cuales tiene entre 800 y 1.000 investigaciones y una carga de denuncias que crece.
Compara que para delitos económicos el país tiene cuatro fiscalías, aunque reciban menos denuncias, y para delitos de flagrancia como hurtos o rapiñas hay 16 fiscalías.
“Los delitos sexuales que han crecido tanto (…) deberían tener otra gestión a nivel de políticas públicas, tener más recursos”, sostiene y señala la necesidad de desarrollar políticas de prevención.
“Ahora estamos viendo que los que cometen estos delitos son jóvenes. Tenemos que tratar de parar esto de alguna manera”, agrega.
En su opinión, las penas que el país contempla para delitos sexuales son “irrisorias” y difíciles de lograr en su grado máximo debido a la alta exigencia de pruebas.
Algunos recuerdan que en 2014 y 2019 hubo en Uruguay dos denuncias diferentes de presuntos abusos sexuales en grupo, pero las mismas concluyeron sin que se encontraran culpables.
Ahora la fiscal cree que si se siguen los pasos adecuados y exponen la evidencia necesaria en un juicio, la nueva denuncia de violación grupal podría acabar con condenas de cárcel.
“Entiendo que de probarse que esto fue así”, dice, “la fiscalía va a pedir obviamente la mayor de las penas, que a mi juicio nunca va a ser suficiente por la legislación que tenemos”.
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