¿A quiénes afecta la contrarreforma?

La reforma universitaria inició en el 2014, con la aprobación en el Congreso de la Ley 30220, que puso fin al modelo de autorregulación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y dispuso la creación de una superintendencia especializada, autónoma y técnica: la Sunedu. Más de ocho años después, no es exagerado afirmar que han sido años de lucha constante. He acompañado este proceso casi desde el inicio, pero desde hace dos años y medio como superintendente. Puedo dar fe de que sabíamos que no iba a ser fácil implementar las acciones necesarias para encaminar al sistema universitario peruano por la ruta de la mejora continua de la calidad. Y sabíamos, también, que enfrentaríamos una fuerte oposición, porque esta reforma colisiona con intereses políticos y económicos que no iban a rendirse fácilmente.

Si hubiera que ponerle una fecha al inicio de la ofensiva contra esta reforma, diría que fue al día siguiente que se promulgó la ley. Recordemos aquellas primeras batallas que se dieron entre el 2014 y el 2015 para el proceso de adecuación a la nueva ley y sentar las bases de la incipiente reforma: la oposición de un grupo importante de rectores que se negaban a dejar sus puestos para dar paso a nuevas elecciones, la resistencia de la ANR a cesar sus actividades y, por supuesto, una acción de inconstitucionalidad presentada casi de inmediato para tratar de dejar sin efecto la nueva norma. Recordemos, también, que en 2015 el TC ratificó la constitucionalidad de la ley en todos sus extremos. Resulta irónico que ahora el mismo tribunal, formado por otros magistrados, haya fallado en el sentido opuesto, confirmando la constitucionalidad de una norma que recorta las facultades de la Sunedu y, por si fuera poco, pone a los regulados en el Consejo Directivo del regulador.

Se trata de un duro golpe, no contra la Sunedu, sino contra las universidades peruanas y, sobre todo, contra los estudiantes, el motivo último de la reforma. Recordemos que las universidades no son únicamente centros de estudio, sino también espacios para la creación del conocimiento, la discusión, la innovación y el intercambio libre de ideas. Necesitamos mejores universidades porque queremos un mejor país. Pero esta contrarreforma va en el sentido contrario.

Con la norma aprobada por el Congreso y ratificada por el TC, el Estado Peruano ve severamente recortadas sus capacidades para regular y velar por la calidad de la educación superior. No se ha hecho, a mi entender, suficiente énfasis en el hecho de que en la nueva legislación se suprime el papel del Ministerio de Educación como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. No olvidemos que el acceso a la educación de calidad es un servicio público y un derecho fundamental, consagrado en la Constitución, y que el Estado está obligado a velar por él. Con esta nueva ley el Congreso está haciendo que el Estado desatienda esa responsabilidad y deja a la Sunedu en una situación incierta dentro del organigrama estatal.

Otra facultad que se le ha retirado a la Sunedu es la de otorgar licencias específicas para programas como el de medicina, que está bastante avanzado y ha tenido que suspenderse. ¿A quién puede favorecer esto? Ciertamente, no a los peruanos, que somos usuarios de los servicios de salud. Así, la sentencia del TC atenta también contra el derecho de todos a recibir una atención sanitaria de calidad, pues limita la capacidad del Estado de certificar que las instituciones que forman a los médicos cumplan con estándares mínimos. Queda igualmente trunco el licenciamiento de los programas de educación, que ya había sido aprobado.

Se dice alegremente –en medio de una campaña de mentiras– que la reforma universitaria no ha dado resultados. Se pasa por alto un dato muy puntual: la Sunedu evaluó a 145 universidades y, de ellas, 95 obtuvieron el licenciamiento institucional. Este gran paso tiene como primer logro que se tenga un sistema universitario ordenado en el país. Es decir, más de un tercio de las universidades que operaban en el Perú antes del 2014 no brindaban condiciones básicas de calidad. Y a ello hay que sumar miles de programas y cientos de filiales y locales que fueron cerrados por las propias universidades para poder presentarse al proceso de licenciamiento.

¿No es acaso un gran avance haber erradicado la estafa del sistema universitario peruano? Ahora mismo, los más de un millón de estudiantes de pregrado que hay en todo el Perú acuden a universidades que cumplen con condiciones básicas de calidad y estudian programas debidamente autorizados. Pero ese es solo el primer paso. Diversos estudios e indicadores confirman que ahora las universidades peruanas investigan más, innovan más, prestan mejores servicios a sus estudiantes e invierten más en sus docentes. Los datos están a disposición de quien quiera revisarlos.

Si lo miramos bien, esta contrarreforma nos afecta a todos. No olvidemos, finalmente, que sin educación de calidad es imposible alcanzar el desarrollo y poder incorporarnos a la OCDE. Sigamos apuntando en esa dirección, sin retrocesos.