¿Más o menos corrupción?, por Alfonso Tolmos

En el 2005, al inicio del proceso de descentralización, desarrollamos un modelo económico, con datos de Proética y la Defensoría del Pueblo, para predecir lo que pasaría con la corrupción al descentralizar la función pública. Por un lado, en las regiones donde imperase la transparencia, la rendición de cuentas y el control político, la descentralización traería consigo una disminución de la corrupción y consecuentemente más desarrollo. En contraposición, cuanto más débil fuese esta institucionalidad, la descentralización acarrearía mayor corrupción y menor desarrollo.

Esto último sucedería porque las autoridades manejarían más presupuesto y poder, donde el monitoreo y la auditoría están menos desarrollados, y serían más fácilmente capturados por grupos de interés local. Para muestra, un botón: Cusco recibió la mayor inversión pública acumulada en el país con más de S/16.000 millones desde el inicio de la descentralización hasta hoy, período en el que tuvo el mayor número de alcaldes o gobernadores regionales sentenciados y/o procesados por corrupción, con 203 de los 2.059 casos a nivel nacional.

La corrupción, además de socavar la moral de la sociedad en el territorio, afecta a su desarrollo económico y político de distintas maneras: i) reduciendo la inversión, al fungir como un impuesto adicional e incrementar los riesgos de invertir; ii) distorsionando el gasto público al sobredimensionar el gasto de capital, donde están las mayores oportunidades de coima, en contraposición con el gasto corriente, que es crítico para sectores como educación y salud; iii) proveyendo incentivos a las personas para la búsqueda de ganancias ilegítimas, en lugar de una mayor productividad; iv) debilitando la esencia de la democracia, al corroer a los partidos políticos, Poder Judicial, Congreso, policía, y así favorecer al surgimiento de regímenes antidemocráticos y autoritarios en los territorios.

En un contexto así, se frustran las promesas de la descentralización. La expectativa de acercar al gobierno a las personas, incrementar la rendición de cuentas y la función responsiva, mejorar la influencia de la ciudadanía en las decisiones del gobierno, y contar con mejores servicios públicos para impulsar el desarrollo… termina por nunca ocurrir.

Es momento de repensar la descentralización en el país. Existe una sólida evidencia de países cuyos procesos de descentralización con instituciones efectivas de buen gobierno redundaron en menores niveles de corrupción. Aún en el Perú el modelo que desarrollamos sustenta una menor corrupción, a partir de instituciones descentralizadas que incorporen lo siguiente: i) mejoras en la transparencia de información disponible al público; ii) mayor rendición de cuentas respecto del presupuesto, planeamiento y adquisiciones, iii) rutinarios espacios de coordinación entre gobierno y sociedad civil, incluyendo al sector privado, para una mejor toma de decisiones, iv) mejor acceso a la información pública con costos publicados y sin cargos adicionales, y v) un nuevo sistema de ingresos fiscales regional, que incentive la supervisión de la ciudadanía por mejores servicios. De esta manera, una nueva institucionalidad descentralizada será instrumental en la lucha contra la corrupción, y así se podrá cumplir con el ansiado desarrollo integral de los territorios que todos estamos esperando.