Disparándonos al pie, por Enzo Defilippi
Disparándonos al pie, por Enzo Defilippi
Enzo Defilippi

Profesor de la Universidad del Pacífico

En el 2009, como parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera internacional, el Congreso aprobó la , la cual exoneró las de los aportes de pensiones y seguridad social hasta fines del 2010. En el 2011, se prorrogó su vigencia hasta diciembre del 2014. Y en estos días se debate en el Congreso si se debe prorrogar este régimen excepcional indefinidamente.

La posición del Ejecutivo es que la prórroga debe ser hasta diciembre de este año. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia orientada a reenganchar el crecimiento de la economía consiste en dejar más dinero en los bolsillos de la gente. En este contexto, volver a aplicar descuentos a las gratificaciones retiraría S/.1.700 millones del bolsillo de 3,2 millones de peruanos, lo que sería contraproducente en tiempos de reactivación económica.

Pero si esta medida es positiva, ¿por qué no convertirla en permanente? Porque medidas extraordinarias como estas solo tienen sentido en tiempos extraordinarios como los que estamos viviendo (o los que se vivían en el 2009). En el caso del proyecto de ley que busca convertir las exoneraciones temporales en permanentes, este generaría severos perjuicios a nuestros hijos (quienes tendrían que pagar, a través de mayores impuestos, el forado que esta medida generaría en el ), a (donde se atienden los trabajadores que no pueden pagar un seguro privado) y a nosotros mismos (que recibiríamos menores pensiones de vejez). 

En efecto, la aprobación de este proyecto de ley le generaría un costo (actuarial) al Sistema Nacional de Pensiones de US$4.400 millones (alrededor del 25% de la deuda externa y el 11% de la deuda total del Estado Peruano). 

En el caso del , al reducirse el aporte a sus respectivos fondos, los aportantes recibirían pensiones 14% menores. Y en el caso de Essalud, esta institución dejaría de recaudar S/.850 millones al año, cifra que equivale a la construcción y equipamiento de cuatro hospitales con 820 camas y capacidad de cobertura para 1 millón de asegurados. En términos de atenciones, el recorte de ingresos equivaldría a 2,5 millones de consultas, 57 mil días de hospitalizaciones o 44 mil operaciones anuales.

Los argumentos esgrimidos por los proponentes de convertir las exoneraciones en permanentes son débiles desde el punto de vista técnico, lo que probablemente sea la razón por la cual escasean los especialistas que apoyen esta idea. 

El primero de ellos es que aplicar descuentos a las gratificaciones equivale a hacer un pago doble a Essalud durante julio y diciembre. Este falaz razonamiento no toma en cuenta que los aportes se calculan como un porcentaje de los ingresos anuales, no del número de remuneraciones. Tampoco que la frecuencia y monto de los aportes no está relacionado con el uso de los servicios de salud en un mes particular, así como el pago de gratificaciones no está relacionado con las horas trabajadas en julio o diciembre. 

Otro argumento es que Essalud no se vería afectado porque sus ingresos han aumentado desde el 2009. Este no toma en cuenta que desde entonces el número de asegurados se ha incrementado en 31% y el déficit de camas en 75% (debido al efecto negativo de las exoneraciones sobre la inversión en infraestructura). Es decir, la institución necesita más, no menos recursos. Y si bien Essalud debe seguir mejorando sus niveles de eficiencia, ello no quiere decir que no necesite los ingresos que esta ley le quitaría, pues sus necesidades son mayores que cualquier ganancia en eficiencia que pueda alcanzar.

Sobre el forado que este proyecto de ley generaría en las finanzas públicas o su efecto en nuestras pensiones no se han escuchado argumentos. 

En resumen, el proyecto de ley que propone la exoneración permanente perjudicará a nuestros hijos, a los trabajadores más pobres y a nosotros mismos cuando seamos ancianos. ¿Por qué, entonces, insistir en él? ¿Cómo así es una buena idea dispararnos al pie?