"En 1982, cuando hombres armados atacaron una estación de policía en las zonas rurales del Perú, el presidente Fernando Belaunde Terry culpó a Sendero Luminoso y calificó el crimen como un acto de 'narcoterrorismo'".
"En 1982, cuando hombres armados atacaron una estación de policía en las zonas rurales del Perú, el presidente Fernando Belaunde Terry culpó a Sendero Luminoso y calificó el crimen como un acto de 'narcoterrorismo'".
Ioan Grillo

En 1982, cuando hombres armados atacaron una estación de policía en las zonas rurales del Perú, el presidente Fernando Belaunde Terry culpó a Sendero Luminoso y calificó el crimen como un acto de “narcoterrorismo”. Con eso, acuñó un término que fusionó a dos grandes enemigos de Estados Unidos: las drogas y el terrorismo.

El presidente Trump revivió esta idea en una entrevista la semana pasada con el expresentador de Fox News Bill O’Reilly. “¿Va a designar a esos cárteles en México como grupos terroristas y comenzar a golpearlos con drones y cosas así?”, preguntó O’Reilly. “No quiero decir lo que voy a hacer, pero serán designados”, respondió Trump. “He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días”. Se refería a incluir algunos de los cárteles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.

La acción se adapta cómodamente a la narrativa más amplia del presidente de defender la frontera sur contra amenazas extranjeras peligrosas. Pero también podría conducir a una serie de consecuencias de largo alcance, algunas de ellas peligrosas.

La lógica detrás de etiquetar a los cárteles de la droga como terroristas es discutible pero no escandalosa. Realizan asesinatos generalizados de civiles inocentes. La masacre de nueve ciudadanos estadounidenses en Sonora, México el 4 de noviembre inspiró a los familiares de los fallecidos a solicitar a la Casa Blanca que pidiera la designación terrorista.

La legislación de Estados Unidos define el terrorismo como “motivado políticamente”, lo que algunos dicen que debería descartar a los narcotraficantes, a quienes solo les importa el dinero. Sin embargo, trabajan con políticos corruptos, asesinan a otros y tienen un nivel de control sobre zonas de México que podría considerarse político.

La designación de un cártel como organización terrorista podría usarse para reforzar los casos legales en su contra. Pero también podría usarse para justificar un ataque militar en territorio extranjero.

Después de la masacre de Sonora, el presidente Trump dijo en un tuit que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a México a “eliminar estos monstruos”.

Si las tropas estadounidenses asaltaran la frontera para matar a algunos miembros del cártel, no resolvería el problema aquí; allí hay miles de gánsteres con vastos recursos del tráfico de drogas y un enorme arsenal de armas. Pero seriamente inflamaría las relaciones entre Estados Unidos y México y forzaría al presidente Andrés Manuel López Obrador a una posición dificil.

Por otro lado, las leyes de terrorismo podrían usarse contra aquellos que juegan un papel en la cadena de suministro de armas estadounidenses que fluyen hacia los cárteles. Actualmente, algunos de los que infringen las leyes de armas de fuego para proporcionar armamento a los cárteles solo reciben sentencias indulgentes, incluida la libertad condicional. Pero con la designación, podrían ser acusados de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, que puede justificar hasta dos décadas de prisión.

Los refugiados que huyen de la violencia del cártel mexicano también recibirán sus casos reforzados en los tribunales estadounidenses. Para los mexicanos es difícil obtener asilo, porque no están huyendo de una dictadura militar o zona de guerra oficial, y generalmente no provienen de un grupo religioso perseguido. Pero un juez podría ver más favorablemente los casos de aquellos que huían de terroristas designados.

Uno de los desafíos más difíciles para los funcionarios sería determinar exactamente a qué cárteles se debe etiquetar como terroristas y cómo llamarlos. Los cárteles cambian constantemente sus nombres y se fragmentan, y ahora hay docenas de pandillas y grupos dispersos repartidos por todo México.

Los cárteles han desatado un torrente de derramamiento de sangre en México, y Washington debería asumir la responsabilidad al tratar de detener la catástrofe humanitaria. Pero la solución radica en abordar los grandes problemas estructurales: reducir los miles de millones de dólares que los estadounidenses suministran comprando drogas, disminuir el flujo de armas, apoyar los esfuerzos en México para ayudar a las comunidades marginadas y apoyar los esfuerzos para construir fuerzas policiales efectivas. La combinación de la complejidad de México y la catastrófica guerra contra las drogas con la problemática guerra contra el terrorismo solo podría empeorar las cosas.

–Glosado y editado–

© The New York Times