Evolución bicameral, por Alejandro Cavero

El Premio Nobel estadounidense, Douglas North, sostuvo que la institucionalidad es el factor principal que incide en la capacidad de los países para generar desarrollo. Sin instituciones sólidas que guarden concordancia con las dinámicas sociales de una sociedad, alcanzar el bienestar resulta sumamente complejo.

En el contexto peruano, el sistema político es, quizás, el que más se ha resistido a la evolución institucional. No se requieren más leyes, sino generar los espacios de deliberación necesarios para que se prioricen los consensos y la revisión.

En este sentido, impulsar de forma multipartidaria el retorno a un sistema bicameral es una reforma urgente que ha estado en la agenda pública prácticamente desde la concepción de la Constitución de 1993. Basta con revisar la historia republicana peruana para ver que –salvo contadas excepciones– casi todos los textos constitucionales han contemplado que el Parlamento esté dividido en dos cámaras: la Cámara de Diputados y la de Senadores. El unicameralismo ha sido decisivo para impulsar reformas urgentes en coyunturas críticas, pero es imperativo que el proceso legislativo evolucione hacia un sistema más institucionalizado.

¿Por qué es necesario implementar la bicameralidad? Uno de los principales beneficios es que resguarda el equilibrio de poderes. Por ejemplo, al contar con una Cámara de Senadores indisoluble y un proceso de vacancia más pausado, se le otorgaría mayor solidez al Poder Legislativo como la institución que representa a la Nación y, por lo tanto, se fortalecería el Estado de Derecho ante una posible amenaza de un eventual presidente autoritario.

Otro beneficio del bicameralismo se relaciona con la composición de la representación. Por medio de una cámara baja electa a través de un sistema de elección proporcional, los diputados podrán enfocarse en la problemática regional. Por su parte, los senadores –electos por distrito electoral único– tendrían una visión integral del país, enfocándose, por ejemplo, en la elección de altos funcionarios. Así, mediante una división específica de funciones, se fortalecería la relación de representación de los parlamentarios con la población.

Asimismo, un proceso legislativo bicameral reducirá las externalidades negativas de impulsar normativa que no guarde concordancia con la problemática ciudadana. El proceso legislativo, al ser más pausado y reflexivo, ofrecerá mejores resultados. Más aún, la implementación de esta reforma es viable manteniendo el mismo presupuesto del actual Congreso y con el impedimento de la no reelección inmediata para los actuales congresistas –como se ha propuesto– para darle viabilidad política al proyecto.

A pesar de la turbulenta coyuntura actual, el Congreso no puede mantenerse ajeno a las reformas estructurales que el país necesita. Con una institucionalidad política deficiente, impulsar el desarrollo en el Perú será imposible. En este sentido, es urgente promover reformas que propicien el buen funcionamiento de los mecanismos políticos. Definitivamente, la bicameralidad será uno de ellos.