Excesos en la comisión, por Teófilo Gamarra

El pleno del Congreso acordó constituir una comisión investigadora acerca de las presuntas actividades ilícitas de Martín Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a él, y la posible relación de estas con importantes funcionarios.

No obstante, pese a existir precisión del objeto de la pesquisa, la comisión decidió de modo arbitrario investigar paralelamente a la señora Nadine Heredia, con el argumento de que Belaunde Lossio habría logrado contratos a favor de empresas vinculadas a él por una supuesta relación de poder originada en el 2006.

En esta parte, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿puede estar vinculada penalmente una persona con otra por el simple hecho de amistad o afinidad política? La respuesta es no, pues, como se sabe, las responsabilidades son personales.

En el caso, se hicieron varias diligencias, se citaron testigos, se abrieron secretos bancarios y declaraciones tributarias, se apreciaron documentos. Sin embargo, ninguno de estos acreditaron una eventual relación o supuesta colaboración que tuviera como fin apoyar la obtención de contratos a favor de empresas vinculadas a Belaunde Lossio.

No obstante, de manera caprichosa, se pretende incluir a la señora Heredia, presidenta del Partido Nacionalista, y a su entorno (Ilan Heredia y la empresa Todograf) como parte de una cadena presuntamente responsable del delito de lavado de activos, relacionada con Belaunde Lossio. Esto es falso, pues en declaraciones y testimonios obtenidos en la comisión, como la de César Álvarez, Belaunde Lossio, entre otros, se estableció que este último se apartó del nacionalismo el 28 de julio del 2011, por discrepancias ideológicas y que no conversó sobre contrato alguno con funcionarios, ministros o con la propia presidenta del partido. Además, no se consideró el hábeas corpus que archivaba definitivamente la investigación, efectuada por el fiscal Ricardo Rojas en el Ministerio Público.

Esto demuestra que la política de nuestro país se ha deshumanizado al punto de que algunos operadores, en su estrecha noción de la política, confunden un enemigo político con un adversario político y creen que la forma de perjudicar al gobierno es haciendo daño a la presidenta del Partido Nacionalista sobre la base de la sospecha, la farsa y la mentira.

Por otro lado, las comisiones investigadoras del Congreso van perdiendo credibilidad, por la falta de un correcto análisis técnico y jurídico, pues al politizarse termina predominando la subjetividad y el direccionamiento político contra el adversario, con lo cual la objetividad se pierde en el limbo de la oscuridad, del resentimiento y de la venganza, que no son más que alimentos de la mediocridad. 

Así, las comisiones investigadoras concluirán con informes mediocres, insuficientes, poco técnicos y parcializados.

Por ello, aun cuando tenemos un Ministerio Público y Poder Judicial vapuleados por la falta de resultados óptimos, no obstante, dentro del Estado de derecho y el ordenamiento jurídico se puede propiciar una investigación mucho más imparcial, menos manipulada, menos direccionada, salvo los riesgos inminentes de las influencias políticas, mediáticas, o  las presiones económicas, que debemos procurar que no existan.