Formalidad, crecimiento y equidad, por Alfredo Thorne

Nuestra economía se distingue de muchas otras de igual nivel de PBI per cápita por su alta informalidad, tanto laboral como económica. De lograr converger al promedio de estas economías, nuestra tasa de crecimiento potencial anual, es decir, aquella que usa plenamente su capacidad productiva, aumentaría en al menos 2 puntos porcentuales a 5,5%. Según el INEI y a manera de ilustración, la productividad laboral en una microempresa es 2,2 veces menos que la de una gran empresa. De ello se deriva que si pudiéramos transferir, casi mágicamente, trabajadores de la micro a la gran empresa, la productividad laboral se duplicaría. 

Pero más sorprendente resulta que cerca del 75% de la PEA que labora en la informalidad recibe un ingreso 2,7 veces inferior al de una formal, y no tiene acceso a la gran cantidad de beneficios sociales dirigidos a los trabajadores en general. 

No es necesario mucha ciencia para convencerse de que la formalización debería ser nuestra prioridad de política económica, así pensamos en Peruanos por el Kambio (PPK) y es justamente ese el eje principal de nuestra propuesta. Sin embargo, la definición de política no resulta sencilla. Por una parte está la complejidad del mundo informal (existe el urbano, el minero y el agricultor) y los motivos que la inducen (culturales, étnicos, económicos y políticos).

No somos los únicos que hemos logrado poco progreso en la formalización, otros países como India y Pakistán tampoco han tenido éxito. Pero es en la persistencia donde vamos a encontrar nuestro éxito; y en la complacencia, nuestro fracaso. 

Nuestra propuesta parece muy sencilla, pero en realidad es muy potente: fijar una meta de formalización laboral y de generación de PBI, orientando todas las políticas públicas a su cumplimiento y de la misma manera que lo hicimos con la meta de inflación, y después con la reducción de pobreza. El objetivo es alinear todas las políticas al cumplimiento de la meta propuesta. En PPK nos hemos propuesto llegar al 50% de formalidad laboral al final del período presidencial en el 2021. 

Este compromiso nos obliga, como gobierno, a monitorear cuidadosamente su cumplimiento y exigir a todo el Gabinete a alinear sus políticas hacia este fin. Esto significa que no será solo una medida de política que logrará el objetivo, sino el conjunto de esfuerzos. Lógicamente se seguirá una estrategia que será definida por el zar de la formalidad que deberá estar adscrito a nuestro presidente. 

No podemos ignorar que los agentes económicos responden a incentivos. Estudios internacionales, como los realizados por Santiago Levy y muchos otros, nos indican que una parte de la falta de formalización se debe a los altos costos de entrada, a los pocos beneficios públicos y a los sesgos de la política económica, y aquí el Estado cumple una gran rol. La complejidad tributaria, las altas tasas impositivas y la mala calidad de los servicios públicos resultan un gran impedimento para la formalización. 

¿No es acaso evidente que un empresario informal que vende a una gran empresa termina pagando un 18% de impuesto sobre sus ventas, pues no puede descontar el crédito tributario del 18% sobre sus compras como lo supone el IGV? También, ¿no es obvio que un trabajador va a querer evadir su contribución a Essalud cuando tiene que esperar, en muchos casos, 30 días para que su médico le dé una cita o simplemente no recibe servicio médico? Finalmente, ¿por qué querrá formalizarse una familia que tiene que pagarle colegio privado a sus hijos, o procurarse su propia seguridad dado que los servicios públicos resultan ineficientes?

Gran parte del debate se ha centrado en el tema tributario, pero nuestra propuesta es más compleja y propone menores costos, mejores servicios públicos y afinar la política económica: un Estado que le dé la cara al pueblo. 

En lo tributario tenemos dos propuestas: el 10x10 y la reducción de la tasa del IGV. Proponemos un programa de formalización tributaria de 10 años a las empresas que facturen 2.300 UIT o menos, permitiéndoles que paguen 10% de impuesto a las utilidades, o si se les hace muy difícil llenar el formulario, solo el 2,5% de sus ventas brutas, y borrón y cuenta nueva a sus deudas tributarias, siempre y cuando se comprometan a formalizarse. Por otro lado, proponemos bajar gradualmente la tasa del IGV en un punto porcentual por año hasta llevarla al 15% en el 2019.

Algunos economistas han criticado las consecuencias fiscales de nuestra propuesta –el efecto sobre la recaudación–. Nosotros lo vemos de otra forma: es una propuesta de crecimiento con equidad, de ampliación de la base tributaria y de mayor eficiencia del Estado. Según nuestros cálculos, aumentaremos la recaudación tributaria en al menos 2 puntos del PBI en el 2019. Pero para despejar las dudas fiscalistas, en nuestro plan de gobierno nos hemos comprometido a que en ningún momento hasta el 2019 el déficit fiscal superará el 3% del PBI, y bajará 1% por año hasta llegar al 1% en el 2021, como manda la Ley de Transparencia Fiscal. 

El Comercio ha invitado a los representantes de los equipos técnicos de ambos partidos que participan de la segunda vuelta a presentar sus propuestas sobre temas de relevancia para el país. Confiamos en que las columnas sirvan para dar a conocer mejor sus puntos de vista, enriquecer el debate y contribuir a que nuestros lectores puedan tomar la decisión más informada posible el próximo 5 de junio.