Las empresas y los derechos humanos

A casi 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos esta sigue siendo tan relevante como en 1948, cuando se reconocieron por primera vez nuestros derechos fundamentales sin distinción. Si bien desde entonces la protección y el respeto de los derechos humanos se centró, principalmente, en los estados, en los últimos años vienen también siendo asumidos dentro de la agenda de las empresas.

Un momento decisivo para el sector privado ha sido la aprobación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el 2011. Este es el primer marco global que ratifica que, aunque son los Estados los principales responsables de la protección de los derechos humanos, también las empresas tienen el deber de respetar estos derechos, prevenir vulneraciones y brindar acceso efectivo y oportuno a mecanismos de reparación para aquellas personas que se vean afectadas por sus operaciones.

Y es que todas las empresas –independientemente de su tamaño, sector, propiedad y estructura– tienen un impacto sobre la vida de las personas con las que trabajan y los lugares donde operan. Algunas veces ese impacto puede ser positivo para el desarrollo humano. Sin embargo, todavía hay innumerables ejemplos en los que el accionar de las empresas ha vulnerado derechos, generando consecuencias devastadoras.

Hoy, el sector privado tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de transformar su historia, sobre todo en un país como el Perú, en el que siete de cada diez personas sienten que los derechos humanos son poco o nada protegidos, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Precisamente, el Perú ha sido uno de los primeros países de América Latina en acordar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el 2021. Esta política pública es el resultado de un arduo proceso colaborativo y de diálogo para generar acuerdos y consensos en el que participaron más de 132 instituciones del Estado, sector privado, pueblos indígenas, sindicatos y la sociedad civil organizada, con apoyo de las organizaciones internacionales.

Este plan, que va al 2025, es un hito para las políticas públicas del país al ser la primera vez que se incorpora a las empresas en un proceso de este tipo para promover una cultura más sólida de debida diligencia en materia de derechos humanos.

Además, es una política pensada para que todas las organizaciones y empresas del país se apropien de ella. Un propósito que venimos apoyando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante diálogos descentralizados que, hasta ahora, han alcanzado a cinco regiones con la participación de empresas y organizaciones de la sociedad civil y sindicatos.

Al adoptar este plan dentro de su ADN, las empresas tendrán la oportunidad de no quedarse rezagadas y podrán ser cada vez más competitivas en los mercados internacionales, al estar a la par de las nuevas exigencias en debida diligencia y derechos humanos.

Esta es sin duda una oportunidad para que el sector privado tenga una participación más relevante en el desarrollo sostenible del país, un llamado claro de la Agenda 2030 que reconoce el rol que pueden asumir todas las empresas para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad es una condición básica y transversal en esta agenda para el desarrollo.

De ahí la importancia de que sean más empresas las que asuman esta responsabilidad para lograr un desarrollo sostenible en el Perú que, más allá de las cifras económicas, se traduzca en trabajo decente, disminución de la informalidad, respeto a la diversidad y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, protección del ambiente y el respeto a la consulta previa a los pueblos indígenas, potenciando por sobre todo una cultura de derechos humanos que involucre y beneficie por igual a todos y todas.