La lucha internacional contra la corrupción, por Alonso Gurmendi y Arturo Villagrán

A raíz del descubrimiento de la red de corrupción en las más altas esferas del sistema de justicia, el gobierno ha propuesto una serie de reformas; todas desde el ámbito interno, sin prestar atención a las posibles contribuciones del derecho internacional. Sí existe, sin embargo, un proyecto presentado por el congresista Carlos Bruce antes del escándalo de los audios que plantea que una comisión de Naciones Unidas asuma las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

La propuesta de Bruce ha sido severamente criticada por los sectores conservadores, que la acusan de ser contraria a la soberanía nacional y parte de un plan para contrabandear jueces progresistas que agraden a la ONU. Creemos que estas críticas son infundadas, pero también que es posible replantear la propuesta de Bruce, a la luz de la experiencia comparada, para ofrecer modelos de solución más eficaces y adaptables a la realidad peruana, partiendo de lecciones ya aprendidas en el continente.

Como una primera experiencia, tenemos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada hace diez años y primer referente a nivel latinoamericano. Aunque fue creada por un acuerdo internacional entre Guatemala y la ONU, es una entidad internacional autónoma e independiente. Aunque la Cicig tiene la capacidad independiente de investigar y determinar la existencia de grupos ilegales y de corrupción con vínculos con el Estado Guatemalteco, nunca reemplaza el rol del Ministerio Público (que retiene su rol como ente acusador), y dentro del proceso criminal se convierte en un querellante. Por ello, la Cicig está sujeta a las disposiciones del proceso de investigación y leyes internas, sobre las cuales los jueces domésticos tienen jurisdicción. Tiene además capacidad de recomendar la adopción de políticas públicas para erradicar la corrupción.

Esta comisión nació en el 2007 luego de que el Estado Guatemalteco reconociera su incapacidad de enfrentar la corrupción y redes criminales operando dentro de sus instituciones. El camino, sin embargo, no fue fácil. A la Cicig le tomó casi ocho años, tres comisionados, y una serie de casos de alto impacto (que conllevaron el arresto de un ex presidente, vicepresidente y centenar de funcionarios públicos en el 2015) obtener resultados que efectivamente la llevaran a convertirse en la institución con más apoyo público y social hoy en Guatemala.

Una segunda experiencia comparada, relativamente más joven, es la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) del 2015. A diferencia de la Cicig, esta misión tiene el objetivo de reestructurar el sistema judicial hondureño. Por ello, es mucho más comprehensiva e involucra no solamente el uso de investigadores internacionales, sino también de jueces y fiscales internacionales que asisten, asesoran, supervisan y evalúan a fiscales y jueces internos para recomendar la adopción de políticas públicas y nuevas leyes que fortalezcan el sistema judicial. Estos jueces internacionales no tienen la capacidad de juzgar, sino solamente de supervisar las labores y brindar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. La Maccih ya empezó a revelar resultados al presentar una investigación en contra de una serie de congresistas por malversación de fondos.

Cada ejemplo es, por supuesto, una expresión de la necesidad y del contexto doméstico. Mientras la Cicig se puede ver como un martillo, lista para revelar y romper las estructuras criminales que tienen al Estado Guatemalteco cooptado, la Maccih es un set de construcción que viene a complementar un sistema judicial débil y cooptado en Honduras.

Existe, pues, evidencia de que el modelo internacional puede ser muy útil. La ONU no sería una “invasora” si el Perú mismo negocia y fija soberanamente los términos de su involucramiento, que pueden ser más o menos ambiciosos, según el modelo seguido. Así, por ejemplo, no tiene que haber ningún juez nombrado por la ONU para que funcione un sistema estilo Cicig. Buscar un rol para el derecho internacional en la lucha contra la corrupción no es algo ni inédito ni antisoberano: no solo se ha hecho antes, sino que ha funcionado.