“Espero que sea igual con los mochasueldos, presidente. A ver si usted, en sus fiestas [ilegible], que van a salir a la luz”, advirtió una furibunda y amenazante Rosselli Amuruz contra su colega Diego Bazán, al enterarse de la aprobación del informe en su contra en la Comisión de Ética, un grupo de trabajo del que seguramente no esperaba algo menos que el comportamiento exento de sanciones de siempre y en donde ‘pasarse la mano’ ha sido el sello porque allí –no hay cliché más real que este– otorongo no come otorongo.
Mi crítica al espíritu de cuerpo de la Comisión de Ética está respaldada en hechos y ejemplos que dan cuenta de que ni la celeridad ni el sentido de urgencia acompañan el debate de las sesiones en las que las sanciones no se analizan, sino que se negocian. Lo saben bien los “niños” y los mochasueldos, que fueron blindados en este grupo.
Cómo olvidar la gestión de la congresista Karol Paredes que rechazó los informes de las denuncias de quienes empezábamos a conocer, a través del testimonio ante las autoridades de Karelim López, como los operadores congresales del expresidente Pedro Castillo. Pasaron meses, hubo poca efectividad y, como resultado de todo, se blindó a cuatro de ellos: Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo e Ilich López.
Luego la titularidad de la Comisión de Ética cambió y la presidencia fue asumida por el congresista Diego Bazán que, aunque afirmaba que habría mano dura y tolerancia cero contra los infractores, no pudo contra un mochasueldo, el congresista Edgar Tello, quien fue señalado por su trabajadora (que resultó además estigmatizada en este grupo) de recortarle el sueldo y que terminó también blindado al recibir apenas una amonestación pública y una multa por 60 días.
¿Quién reivindica entonces la ética en este grupo parlamentario? ¿O es que acaso la única reivindicación que importa es la de congraciarse circunstancialmente para sacudirse del ruido que ocasiona su letargo? Hace varias columnas que vengo hablando de los delitos contra la administración pública, como el tráfico de influencias y el peculado doloso, de parte de algunos congresistas. Allí radica la importancia de esta comisión, que si bien es política, abre un camino para el reconocimiento de hechos en la comisión de estos delitos y cuyos informes son altamente referenciales para el trabajo de otras autoridades.
Sobre esto último, la congresista Amuruz ya se había librado, con la benevolencia de la misma comisión, de ser investigada anteriormente por la contratación en su despacho de gente cercana a su pareja, el excongresista Paul García, y por sus viajes en plena semana de representación. En octubre, en mi columna “Lo que se ve sí se pregunta”, hice una crónica sobre lo grave que es el caso que implica a Amuruz (y que incluye nada menos que una persona fallecida en una fiesta) y sostuve que había que investigar el tema hasta el final. Seis meses después, sin embargo, la congresista Amuruz solo ha recibido una amonestación pública y una multa por 60 días.
Así, cabe preguntarse, ¿se ha ofuscado ella por la sanción (irrisoria) que le ha caído o, más bien, lo ha hecho porque la consigna era la de “no pisarse la cola” en el mismo box?
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