Movadef, ¿hasta cuándo?, por Roberto Chiabra León

Un sistema jaqueado por veinte años de violencia y colapsado en su institucionalidad requería liderazgo y voluntad colectiva para restaurar la democracia. Era indispensable consolidar la victoria militar sobre Sendero Luminoso (SL) y, para ello, se requería la presencia política y social del Estado en las zonas más afectadas, reincorporar a la sociedad a los arrepentidos y condenados por terrorismo y fomentar los valores demócratas y la cultura de paz. Sin embargo, la ceguera de la clase política no permitió realizar las reformas para restaurar el sistema democrático. Más bien, su interés recaía en cómo sacar ventaja de la nueva situación para eludir responsabilidades y tener acceso al poder.

La consecuencia de esta inacción política permitió que el espacio donde actuó SL fuera ocupado por el narcotráfico. Por otro lado, a través de sus organismos de fachada, transformaron la derrota militar en victoria política, enjuiciando al personal militar que prestó servicios en las zonas de emergencia. Asimismo, desarrollaron su estrategia de “dar solución política a los problemas derivados de la guerra” para lograr la liberación de sus cabecillas, la reducción de sus penas, las mejoras de las condiciones carcelarias y el cierre de los penales de la Base Naval, Yanamayo y Challapalca.

Su brazo político, el Movadef, está activo y fue por presión popular que no se inscribió como partido. Por otra parte, el INPE debió recurrir al Tribunal Constitucional para que los cabecillas no fueran trasladados a un penal común. Asimismo, por falta de pruebas, sus miembros fueron liberados por una sala penal, y, aprovechando la fragilidad de memoria y los vacíos legales, realizan actividades artísticas y culturales para identificarse con jóvenes menores de 25 años que no han sufrido la violencia senderista y así ganar su adhesión y recomponer sus cuadros. Además, los partidos políticos presentan candidatos sentenciados por terrorismo y profesores condenados por lo mismo siguen enseñando en las escuelas y universidades, donde nadie controla la calidad del contenido en los libros.

El Movadef en sí no representa una amenaza a la seguridad, pero puede ser un caldo de cultivo. Es, por otra parte, indignante la facilidad con que convencen a los jóvenes que desconocen el pasado reciente de violencia y destrucción, evidenciando así la ineptitud del Estado para enfrentarlos.

¿Qué hacer? En los hogares, orientar a los hijos sobre la violencia subversiva; en los colegios, enseñar la verdad de lo sucedido; no permitir que los condenados por terrorismo postulen a un cargo y menos enseñen en las escuelas. El Congreso debe dar las leyes adecuadas y la justicia ser implacable con quienes no se han arrepentido de la muerte y destrucción que ocasionaron.

Solo unidos defenderemos nuestras libertades y no perderemos la seguridad por la cual hemos pagado un alto precio en democracia. No nos dejemos amedrentar por el silencio fúnebre de los que se dicen defensores de los derechos y las libertades, ni de las opiniones de un pequeño grupo de resentidos políticos que, fungiendo de analistas, son simpatizantes de la toma del poder por las armas y viven frustrados porque su brazo armado (SL) no pudo en veinte años doblegar el espíritu de quienes defendieron a la sociedad y al Estado.

Si esta causa justa no nos une, vayamos proyectando cómo será vivir en un Estado secuestrado por el narcotráfico y la corrupción.