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El Ministerio del Interior y el Ministerio Público están enfrentados. Los delincuentes, por supuesto, celebran.
El ministro José Luis Pérez Guadalupe reveló que el 91% de los detenidos de enero a marzo fueron liberados. Según su versión, se debió a decisiones de fiscales y jueces.
La defensa de los fiscales sostiene que la cifra es gruesa e inexacta. De los 992 detenidos, el 39% lo fueron por consumo y microcomercio. Esta es la versión de Frank Robert Almanza, fiscal superior.
El consumo no está penado y el microcomercio no amerita pena privativa de la libertad. Lo mismo sucede –sostiene el magistrado– con el 16%, detenido por hurto.
Según el fiscal superior, “el 100% de casos de criminalidad con violencia sí han sido materia de requerimiento de prisión preventiva”. Lo declaró a Jaime de Althaus, en Canal N.
Lo que la fiscalía no ha dicho es cómo así tenemos tantos consumidores de droga y tantos microcomercializadores. La determinación de dichas calidades depende del informe del fiscal. Y ahí está el problema.
El titular del Interior ha dicho que los fiscales han salido a atacarlo. Ha señalado que los “chacales” del fiscal de la Nación lo insultan.
Si el interés del ministro es atacar el problema de la delincuencia, debería pensar menos en sí mismo. Cuando un ministro dice “me atacan” solo piensa en sí mismo y no en el problema que debe enfrentar.
La falta de tolerancia parece ser una herencia del antecesor del actual ministro Pérez Guadalupe. Su reclamo es importante, pero queda en segundo lugar cuando él se pone a hablar de él mismo.
La delincuencia no será vencida si cada uno no reconoce los problemas de su sector. Vemos que el gremialismo en la fiscalía pretende hacernos creer en un Ministerio Público seráfico y celestial.
Tenemos un problema que no es personal. No es culpa del magistrado Almanza o del fiscal de la Nación que haya fiscales que no hacen bien su trabajo. Es un problema institucional.
Lo mismo sucede en la Policía Nacional. No todos los policías son santos y no todas las detenciones son legítimas.
En lugar, entonces, de echarse la culpa, ¿no deberían coordinar fórmulas de mejora en los procesos para garantizar el cumplimiento de la ley?
Este pleito no es tan malo, después de todo. Al menos servirá, o debe servir, para replantear todo lo que podríamos llamar sistema contrainfractor.
Debería haber un engranaje bien calzado entre detección de la infracción, acusación y sanción. Lo que tenemos, más bien, es un campo de batalla entre gremios y autoridades.
No están bien diseñados los procedimientos de vigilancia y control en ninguna de estas actividades. Son una coladera, por igual, la policía, la fiscalía y el Poder Judicial.
Se ha producido una crisis política entre el ministro del Interior y el fiscal de la Nación. No debió suceder.
La única forma de al menos sacar provecho es olvidarse de los adjetivos y los narcisismos. Las instituciones tienen que dialogar. El problema es demasiado grande e importante para convertirlo en juego de niños enojados.
