Ordenar la casa, por Nicolás Zevallos

Existe consenso sobre la necesidad de reformar el marco de políticas contra el crimen y la violencia en el Perú. En particular, en el sector Interior, no es un misterio que hay problemas tanto de diseño que alimentan la escasa claridad en las competencias, las dificultades en la planificación y las pocas posibilidades de especialización. A ello hay que sumar las prácticas de corrupción que afectan los diversos niveles de funcionamiento de estas entidades.

Pensando solo en términos operativos, esto se refleja en las condiciones en que la policía responde a las demandas ciudadanas. Se cuenta con 240 efectivos por cada 100.000 habitantes (cuando lo recomendado es 300), más de la mitad de las comisarías carecen de Internet y cerca del 30% de estas no tiene acceso al sistema de requisitorias. Respecto a la especialización, los oficiales policiales saben que pueden pasar de manera aleatoria por atender temas de tránsito, antidrogas, comisarías, pensiones, educación o recursos humanos, siendo utópico pensar en una línea de carrera.

En ese horizonte, destaca que las facultades pedidas por el Ejecutivo en seguridad den prioridad a una reestructuración del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la que el enfoque sea dar respuesta a los fenómenos delictivos, antes de que a la compartimentalización burocrática de estas entidades. Así, según lo declarado por las autoridades del sector, mediante la reestructuración se buscaría que el ministerio cuente con viceministerios que respondan a dos grandes problemas (el crimen organizado y la seguridad ciudadana), descargando las cuestiones administrativas en las dependencias que mejor se adecúan a labores de esa naturaleza.

Respecto a la PNP, la propuesta sigue una lógica semejante, ya que se plantea organizar la institución en dos grandes líneas: seguridad ciudadana y operaciones (estas últimas principalmente contra el crimen organizado). Respecto a esto, cabe discutir si no resultaría pertinente una tercera línea especializada en investigación criminal, que bajo la propuesta actual aparece en la línea de operaciones. Tal vez, esta división podría resultar más funcional para diferenciar las tareas táctico-operativas de las intervenciones policiales, de aquellas labores de pesquisa para el procesamiento criminal. Sin embargo, la propuesta hasta ahí parece dar un mejor panorama funcional a la labor policial, y abre la esperanza de una línea de carrera especializada de los oficiales.

En principio, las ideas de fondo ofrecen un panorama positivo. Al menos no parecen respuestas reactivas a la situación del crimen y la violencia, sino que dirigen la atención hacia la naturaleza de los problemas que afectan al Perú. Sin embargo, aún quedan temas en agenda. Si bien se entiende que la prioridad sea ordenar la casa, en primer lugar es vital conocer de qué manera estos cambios abonarán a un mejor vínculo con los otros actores involucrados en la materia. ¿De qué manera estas reformas ayudarán a la relación con otras agencias del Ejecutivo? Y con los demás operadores de seguridad y justicia, ¿de qué forma aportará el panorama propuesto? ¿Cómo apoyará a las desde ya tensas relaciones con el Legislativo? ¿Y hacia la ciudadanía?

En segundo lugar, en términos políticos, importa conocer cuál es la visión de comunidad a la que apuntan estas propuestas. No es una discusión vacía aquella en la que se explicita si con estas reformas se entiende que la finalidad es combatir el crimen y la violencia, o si se tiene claro que es solo un medio para construir una sociedad en la que prime la convivencia pacífica y productiva. En términos de política pública, esta es la diferencia entre medir los resultados solo mediante el número de criminales procesados y condenados, o medirlo a partir del impacto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.