Paz y dignidad para la Amazonía, por Pedro Barreto, S.J.

Durante la pandemia la tala de bosques continuó de manera alarmante, más de 190.000 hectáreas fueron deforestadas, siete líderes indígenas fueron asesinados cruelmente por defender el medioambiente y sus territorios. Todos ellos denunciaron en reiteradas ocasiones las amenazas que recibían por parte de traficantes de tierras, de personas, del narcotráfico y otras mafias vinculadas a la tala y minería ilegal. Hoy, los pueblos indígenas no solo claman por justicia para sus muertos, sino también que termine un Estado indolente y se pase a la protección y garantías para vivir con dignidad.

Hace tres semanas, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales convocó a un urgente diálogo con líderes indígenas, líderes religiosos y autoridades nacionales para enfrentar las graves situaciones que encaran cada día nuestros hermanos y hermanas indígenas. Como respuesta a estos gravísimos problemas, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, presentó el DS N° 004-2021-JUS, “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, que sería la primera piedra en esta construcción de paz para la Amazonía y los pueblos indígenas.

Las comunidades de fe convocadas por IRI Perú acogemos y hacemos nuestro el clamor de los pueblos y líderes indígenas para reiterar el pedido que muchas otras voces ya exigieron desde la ciencia y la sociedad civil: urgen acciones inmediatas y articuladas a todo nivel que defiendan la vida en la Amazonía. Por ello, es necesario que el gobierno peruano adopte y mantenga las seis medidas planteadas en la Declaración por la Seguridad Indígena Amazónica que presentamos en el diálogo de Pucallpa el 14 de mayo entre los ministros, las autoridades regionales y los pueblos indígenas.

La primera es que se incrementen las medidas de protección de los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas que trabajan en la protección de los bosques, garantizando el financiamiento y ejecución del decreto recientemente presentado. Segundo, que se redoblen los esfuerzos para asegurar los derechos y territorios de los pueblos indígenas, reconociendo que la seguridad de la tenencia de la tierra es una condición necesaria para mejorar la economía y calidad de vida de las comunidades amazónicas.

Como tercera medida pedimos que el gobierno trabaje más decididamente para enfrentar la tala ilegal y la deforestación como una cuestión de seguridad nacional, reconociendo que los bosques en pie y una Amazonía saludable son esenciales para la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad hídrica y alimentaria, y la resiliencia sanitaria. Cuarto, que se tomen medidas para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre todos y cada uno de los proyectos que afecten directa o indirectamente sus territorios y su derecho a la vida, la salud y un medio ambiente sano.

El quinto punto es que se incrementen los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, así como el tráfico de tierras y la minería ilegal. Y, finalmente, como sexta medida, que se establezca un grupo de trabajo permanente integrado por las organizaciones indígenas, comunidades de fe, sociedad civil y autoridades para vigilar la seguridad de los pueblos indígenas y de los bosques.

Esta Declaración nos recuerda e invita a vivir uno de los sueños que el Papa Francisco exhortó en “Querida Amazonía”: “Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.