En el censo del 2017, el 25,8% de peruanos y peruanas se autoidentificó como parte de un . El 16% de esta población tiene como lengua materna una lengua indígena, principalmente el quechua y aimara, y el resto se distribuye entre las lenguas indígenas . Son 55 pueblos indígenas reconocidos en el Perú y representados por organizaciones indígenas en zona andina y amazónica, los mismos que desde el Convenio 169 de la OIT son titulares de derechos colectivos, tales como el derecho a la consulta previa, el derecho al territorio, el derecho a la autonomía, entre otros.

Para los pueblos indígenas, la pobreza ya es parte de la herencia con la que los niños indígenas nacen y de la que difícilmente pueden salir. Todas las cifras arrojan que, entre los pobres, los indígenas siempre están en las peores condiciones en acceso a servicios y oportunidades, lo que muestra que no es cuestión de esfuerzos individuales o comunales, sino de condiciones estructurales y de un Estado que históricamente ha tenido esfuerzos limitados para invertir en su desarrollo.

La agenda del cambio climático y el peso de las industrias extractivas han visibilizado la presencia de los pueblos indígenas en territorios ricos en recursos naturales, pero esto los expone también a la presencia de actividades ilegales como la tala, la minería ilegal y la sobreexplotación de recursos.

El reconocimiento e implementación de sus derechos colectivos sigue siendo un proceso de marcha lenta. La institucionalidad desarrollada hasta la fecha es débil y con poco peso en la agenda pública, como débil es aún la capacidad de las organizaciones indígenas para tener presencia en los espacios de toma de decisiones.

Se calcula que hay una brecha de 611 comunidades nativas pendientes de titulación y seguimos sin un catastro nacional de comunidades georreferenciadas e inscritas en Sunarp que permita entregar concesiones a empresas mineras con información precisa sobre quiénes ocupan esos territorios.

¿Qué hacer? En primer lugar, hay que avanzar con la implementación de los mandatos legales establecidos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales. Es mejor adecuarse a la ley que hacer trampas para debilitar los derechos. La consulta previa en minería, por ejemplo, es un tema urgente por revisar. Como está funcionando hasta la fecha no ayuda ni a las comunidades, ni a las empresas; es solo una barrera burocrática vaciada de contenido.

En segundo lugar, se debe revisar qué trae la segunda reforma agraria para la Amazonía y sus pueblos indígenas. Los ecosistemas amazónicos tienen como valor su conservación y hemos suscrito acuerdos y compromisos para hacerlo. Pero eso requiere de inversión y de la promoción de un desarrollo sostenible basado en un manejo a pequeña escala y reduciendo altos costos de formalización y transacción para colocar productos en el mercado.

No se puede tratar a las comunidades como empresas de derecho privado, porque no tienen palanca ni respaldo financiero. Por ejemplo, acceder a un permiso para aprovechamiento de frutos de palmera es tan costoso que solo el 1,6% del aguaje de Loreto se obtiene en áreas con permiso de la región.

Y políticamente hay que elaborar nuevos discursos y estrategias que no conviertan en demonios ni en ángeles a los pueblos indígenas y a sus organizaciones. Son actores políticos y tienen una racionalidad que, antes de cuestionarla, hay que conocerla, pero tampoco victimizarlos, porque es negar su capacidad de agencia y capacidades individuales y colectivas, con sabiduría para adaptarse a los ciclos de sus recursos naturales y el cambio climático.

Se requiere que desde los tomadores de decisiones se evalué estratégicamente la inversión en el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y sus territorios, porque estos, finalmente, son los que diferencia al Perú en riqueza cultural y recursos naturales de otros países en el mundo. Desde Profonanpe nos sumamos a este esfuerzo, pero se requiere de más actores que actúen ahora, antes de que perdamos nuestro aporte a generar riqueza desde nuestra diversidad cultural y biológica.

Patricia Balbuena Palacios es exministra de Cultura

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