Alberto Castro

En los últimos años, la se ha posicionado, en opinión de la población, como el principal problema que aqueja al país (54%), como confirma la última encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el 15 de mayo. De acuerdo con la contraloría, solo en el 2020 el país perdió S/22 mil millones por la corrupción que pudieron ser invertidos en educación, salud, entre otros servicios fundamentales para los derechos de los ciudadanos. Esta situación muestra la incapacidad de nuestras autoridades para enfrentar este flagelo que mina la legitimidad de nuestra democracia.

Es evidente que el endurecimiento de penas no es suficiente para luchar contra la corrupción y que se requiere una política que apunte a que el Estado actúe no solo para sancionar dichos actos, sino principalmente para prevenirlos. Al respecto, la ha recomendado al Perú en diversos estudios crear un sistema anticorrupción como parte de una política que incorpore el enfoque de integridad caracterizado por el énfasis en la prevención, el ‘compliance’ y el respeto de la legalidad.

La lucha contra la corrupción necesita de una autoridad con la fuerza para organizar, articular y asegurar el cumplimiento de una política que, por sus características, requiere de la participación de varias entidades del Estado en distintos niveles de gobierno. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), esta es precisamente la función de lo que denomina un “sistema funcional” y de su ente rector. En el 2016, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, se nos encargó a un grupo de profesionales en la PCM elaborar el proyecto normativo para crear la autoridad de transparencia, una promesa de campaña del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Aprovechamos para proponer, en línea con la OCDE, la creación de una única Autoridad Nacional para la Integridad y Transparencia como cabeza de un sistema que liderara la lucha contra la corrupción y la cultura del secreto. La propuesta no prosperó y se terminaron creando dos órganos distintos, ambos sin los recursos ni la jerarquía para coordinar y supervisar acciones que deben estar alineadas en base a objetivos comunes, como sucede en Colombia.

Es necesario insistir en la creación de un Sistema Anticorrupción conforme a la LOPE y de una Autoridad Nacional de Integridad Pública como su ente rector con la finalidad de asegurar la articulación e implementación efectivas de esta política en todo el Estado. La autoridad tendría que incorporar en sus funciones la rectoría en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Los ciudadanos debemos aspirar a un Estado que actúe con corrección e integridad como expresión del derecho a un buen gobierno y buena administración. Es crucial que, ante tantas denuncias y cuando hemos iniciado el proceso de acceso a la OCDE, el Gobierno adopte medidas que evidencien una voluntad firme de enfrentar la corrupción. Por eso, esperamos que esta propuesta sea considerada próximamente en la agenda legislativa.

Alberto Castro Experto en Buen Gobierno. Docente PUCP

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