Pablo Roca

En los próximos días, la agenda legislativa estará marcada por la aprobación del . Los congresistas serán llamados para emitir un voto informado y consciente, ya que de ello depende una asignación responsable para encarar los desafíos del 2024 con recursos suficientes. Pero no son los únicos interesados. Autoridades edilicias, gobernadores, titulares de pliegos, entre otros actores manifiestan interés en el resultado de esta discusión y votación. El texto –y sus anexos– que finalmente se apruebe y publique será reflejo de las prioridades en un contexto de recesión.

Semanas atrás se volvió a poner en la discusión pública la distribución geográfica del presupuesto. En específico, el de inversiones en una localidad (Nanchoc, en Cajamarca), estando en investigación el hermano de la presidenta y su entorno. Si bien esto es noticia reciente, ya desde el 2019, este Diario informó cómo analizando datos de más de una década se encuentra un patrón donde quien ejerce la presidencia de la comisión de presupuesto tiende a favorecer al territorio donde fue electo, valiéndose de esa posición en medio de la aprobación de la ley de presupuesto en el Congreso. Estando en el mes donde se vota esta importantísima ley, cabe recordar algunos puntos claves.

El presupuesto tiene la apariencia de ser un asunto técnico o complejo, reservado para especialistas o expertos en la materia. Sin embargo, la evidencia, así como la teoría en ciencia política, muestra que se trata de una disputa por el poder. Quién decide cuánta plata va asignada a qué territorio y con qué finalidad o para qué inversión no es una decisión que se reduzca a algo entera e inmaculadamente técnico. Haciendo investigación, una vez un exdirector comentó que se trata de la decisión más política que existe.

Así, la existencia de vínculos entre el poder político y la distribución de los recursos públicos en los territorios es un patrón recurrente. La política importa, pues son políticos quienes aprueban la repartición de la torta. Que se reconozca como una decisión política no quiere decir que no se puede hacer mejoras. En primer lugar, la transparencia del presupuesto es clave. Un mecanismo de consulta amigable, portales de datos abiertos y una prensa que recopila y utiliza datos en noticias contribuyen y son saludables en democracia. Pero no es suficiente. Se requiere urgente fortalecer capacidades para asumir responsablemente nuestro papel de vigilancia ciudadana activa. Se necesitan universidades y organizaciones de la sociedad civil capaces de analizar críticamente un presupuesto abierto.

Son temas de discusión comunes el resultado del último partido, la noticia de farándula o alguna situación preocupante de la economía. ¿Alguna vez hemos discutido sobre si la ley de presupuesto y los créditos suplementarios reflejan nuestras prioridades como comunidad nacional? ¿Lo hacemos antes o después de su aprobación?

Un caso que ejemplifica este llamado a la reflexión es la discusión sobre declarar estado de emergencia para enfrentar la inseguridad en algunos distritos que se presenta en forma de robos o modalidades como extorsión o “cobro de cupos”. ¿Cuánto cuesta a la ciudadanía esta medida y otras dirigidas a frenar el crimen y qué resultados se han obtenido? ¿Qué toman en cuenta los congresistas a la hora de decidir su voto? ¿Se evalúa lo ejecutado y se proponen iniciativas hasta llegar a soluciones costo-efectivas? Por ejemplo, ¿no contribuiría a la prevención del delito el acelerar la digitalización de pagos, evitando que el ciudadano se vea obligado a transitar con efectivo por las calles para pagar un trámite presencialmente?

Si bien la plata es clave para lograr resultados, muchas veces no se trata de más dinero, sino de mejor ejecución. El Índice de Eficiencia de la Inversión Pública, que ubica a Cusco primero en el ránking de Videnza, invita a profundizar la discusión. Así, no basta con asignar y gastar, sino que hay que monitorear, evaluar y mejorar cada año. Es urgente empezar a hablar no solo de cantidad, sino de calidad. No solo de montos y millones, sino de prioridades y sustentos, en los que se pone al centro al peruano y sus necesidades. Necesitamos calidad, capacidad, integridad y voluntad, en las cantidades y direcciones correctas. Solo así el gasto público logrará los resultados esperados.

Pablo Roca es politólogo y magíster en Gestión y Políticas Públicas