¿Qué le espera a nuestra economía este 2025?

Primero, en el 2025 debemos pasar del rebote del 2024 al crecimiento económico. El entorno político no ayudará y lo más probable es que tienda a complicar más nuestro frente fiscal y la confianza para la inversión.

Segundo, el frente internacional podría comprometer una impredecible volatilidad acompañada por complicaciones geopolíticas que afectarían la cadena de suministro, afectando nuestra inflación y crecimiento. Tercero, en el 2024 el Perú denotó un crecimiento modesto, pero fue líder en la región con excepción de Argentina. Nadie menciona que el año previo experimentamos el segundo decrecimiento más alto.

Cuarto, el déficit de infraestructura es aún enorme. Los anuncios asociados a Chancay y otros megaproyectos son muy positivos, pero requerirán superar restricciones logísticas y de planeamiento. Quinto, la inversión no crece con anuncios de adjudicaciones. Permanentemente existen postergaciones debido a deficiencias en la elaboración de contratos, adendas, limitaciones en expedientes técnicos, y conflictos sociales y medioambientales.

Sexto, el impacto de la inversión pública se sobreestima. No somos capaces de ejecutarla en su totalidad, carece de calidad de gestión, y está comprometida con el clientelismo político y la corrupción. Su efectividad es limitada y parcial. Séptimo, sin los precios internacionales de minerales a favor el Perú no hubiera mostrado parte importante del 3% de crecimiento del 2024, así como saldos externos récords. Los bajos precios de ‘commodities’ agrícolas también ayudaron. Octavo, las fortalezas económicas (bajo nivel de endeudamiento público, altas reservas internacionales y estabilidad bancaria) son una herencia que debemos evitar perder. Se venden, equívocamente, como una novedad y logro de la actual gestión. Noveno, de validarse un escenario de calma política y sin sobresaltos internacionales, en el 2025 podríamos crecer alrededor de 3%; de no disponer de ellos, el crecimiento podría ser cero.

Décimo, una nueva clase política y una nueva visión empresarial deben surgir al amparo de reformas estructurales bien diseñadas. Sin gobernanza e institucionalidad todo podría ser efímero. El proceso electoral será determinante.

El 2025 se presenta con riesgos y oportunidades. Algunos riesgos son externos y sobre ellos el Estado tiene poco manejo. Entre estos, puede haber catastróficos, como terremotos u otros desastres climáticos, como el fenómeno de El Niño, aunque de este último no hay señales de ocurrencia.

Otros están ligados a fenómenos geopolíticos y geoeconómicos, como los conflictos armados, que afectarían el flujo y la provisión de bienes como hidrocarburos y alimentos; el anunciado aumento de aranceles por parte del nuevo Gobierno Estadounidense, no solo con sus rivales, sino con sus principales aliados económicos y políticos, lo que podría derivar en una guerra comercial que aletargaría el comercio y el crecimiento mundial, y que podría generar un incremento de las tasas de inflación globales y, con ello, el encarecimiento del crédito, vía la tasa de interés.

A su vez, estas condiciones externas pueden ser oportunidades: ante posibles desastres como los mencionados, el Gobierno debe promover las inversiones públicas en prevención, en especial de gobiernos subnacionales. Ante problemas de escasez, otra vez la prevención es la clave y fomentar la inversión privada en alternativas energéticas y en agricultura sostenible. Frente a la guerra comercial, mantener una política exterior neutral y promover inversiones de países diversos para proveeduría, aprovechando nuestros TLC y condiciones internas facilitadoras que aseguren estabilidad jurídica.

En lo interno tenemos mayor margen de maniobra. La disciplina fiscal puede ser recuperada, porque se recuperará la recaudación, y el gasto se puede ajustar por el lado de la inversión pública, pues por el lado corriente, lamentablemente, el Congreso ha legislado una carga fuerte que perdurará en el largo plazo.

El crecimiento esperado de entre 2,8% y 3%, aunque bajo para reducir pobreza, es una cifra que puede ser mejorada con una mayor promoción de la inversión privada; dependerá mucho de las señales de estabilidad política y de las perspectivas electorales. Urge un acuerdo interno, primero, para no dañar la disciplina fiscal y, segundo, para mejorar las reglas político-electorales para aminorar la incertidumbre y las perspectivas negativas de inversión.