:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/77FEZVMCCZFQ7FQHCNRK5FDVWU.jpg)
Los incendios han estado asolando las tierras bajas de Bolivia durante más de un mes. Casi diez millones de acres ya se han quemado, lo que equivale a un área más grande que Connecticut y Nueva Jersey juntos. Casi la mitad de la destrucción se encuentra en áreas protegidas conocidas por su alta biodiversidad. Es una tragedia.
La Chiquitanía, un ecosistema de bosque seco entre la Amazonía y el Gran Chaco en la provincia de Santa Cruz, está en el centro de la crisis. Los incendios amenazan la supervivencia de la vida silvestre y los pueblos indígenas de la región. La reserva de Ñembi Guasu, hogar de los ayoreo, un grupo indígena en aislamiento voluntario, es la zona más afectada. En la comunidad autónoma guaraní de Charagua Iyambae, miles de acres de bosque han sido destruidos.
Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, prometió defender a la Pachamama (Madre Tierra). En cambio, su gobierno ha promovido los intereses de los agronegocios. Su gobierno ha permitido el acaparamiento agresivo de tierras que ha llevado a la deforestación y al despojo indígena, como lo ha hecho el presidente Jair Bolsonaro en Brasil. No es de extrañar que las organizaciones indígenas de la cuenca del Amazonas los acusaran de genocidio ambiental.
Los incendios de Bolivia son el fruto amargo de las políticas diseñadas para beneficiar a los agronegocios. Morales ha promovido la expansión de la ganadería y los biocombustibles en Santa Cruz desde el 2010. En abril de este año, firmó un acuerdo para aumentar las exportaciones de carne a China, que, como Brasil, han estado creciendo en valor y volumen. Luego, en julio, un decreto legalizó los incendios de tala y quema para convertir los bosques en pastos. Los bolivianos llamaron a Morales un “asesino de la naturaleza”.
La práctica de quemar para despejar la tierra, conocida como ‘chaqueo’, es común en Bolivia. Pero esta vez las quemas crecieron fuera de control, alimentadas por las temperaturas más altas y la sequía atmosférica.
El mapa de los incendios de Bolivia se superpone con el del ganado y la producción de coca. Es destrucción, no desarrollo, para los bolivianos, para el planeta y también para los negocios. La pérdida irreparable de fauna y flora es más que horrenda; los territorios indígenas han sido diezmados. La pérdida de biodiversidad en Chiquitanía también es una pérdida para millones de personas en América Latina cuyas vidas dependen de su sistema de agua.
Morales, que se postula para un controvertido cuarto mandato, desestimó las preocupaciones y marchas de los ambientalistas en cinco ciudades como una “molestia electoral de pequeños grupos”. Uno de sus ministros del Gabinete, Juan Ramón Quintana, descartó la declaración de un desastre nacional, alegando que los incendios no fueron uniformes y no afectaron a suficientes personas. Los chiquitanos dicen que el presidente dejó intencionalmente que los bosques se convirtieran en cenizas porque la región tiene poco valor electoral para él.
El primer y más urgente paso para controlar los incendios es declarar un desastre nacional. La ley de Bolivia establece que el gobierno debe hacerlo cuando los eventos causen daños que el Estado no puede remediar económica o técnicamente. El gobierno puede entonces buscar asistencia internacional directa.
Los incendios que arrasan los bosques de la Chiquitanía (y Amazonía) son intrínsecos a una economía política de extracción que prevalece en países liderados por gobiernos de derecha e izquierda en toda América Latina. Bolivia necesita abordar las causas profundas de los incendios. Los responsables de encenderlos deben rendir cuentas. No es solo la destrucción de la Chiquitanía lo que está en juego. Es nuestro planeta también.
Morales debe revertir las políticas que desencadenaron los incendios y alejarse de una economía destructiva basada en industrias extractivas. La afirmación del gobierno de que no hay “suficientes muertes” es un brutal despido de vidas indígenas por parte de un presidente indígena. También va en contra de los principios sobre los derechos de la naturaleza que Bolivia inscribió en su Constitución hace una década.
El gobierno de Bolivia puede aprender mucho de las iniciativas indígenas. Los guaraníes han liderado una admirable lucha por la autodeterminación, y ya convirtieron el 68% de sus territorios autónomos en áreas de conservación. La reserva más reciente, Ñembi Guasu, se creó en mayo pasado en un esfuerzo por proteger los modos de vida y la biodiversidad indígenas para las generaciones actuales y futuras. Ahora se está quemando.
Pero el presidente Morales puede evitar más pérdidas de vidas. Debe declarar un desastre nacional.
–Glosado y editado–
© The New York Times
