¿Receta electoral o reforma electoral?, por Patricia Donayre

Las elecciones del 2016 generaron un escenario de confusión debido a leyes aprobadas en la víspera del proceso electoral, que modificaron las reglas en el último momento. Las consecuencias fueron las conocidas exclusiones, tachas y una inestabilidad total.

Comprendiendo que la historia no debe repetirse, que no se puede seguir parchando leyes, el año pasado fue formado el subgrupo multipartidario de reforma electoral. Este recibió el encargo de la Comisión de Constitución de revisar y compilar la legislación dispersa en materia electoral, a través de una propuesta integral.

El subgrupo cumplió el encargo y elaboró una propuesta de nueva ley electoral, tras lo cual presentó su informe el pasado 16 de mayo. Sin embargo, durante el debate inicial de la reforma electoral en la Comisión de Constitución, para calificar esta propuesta se rescató del diccionario un término más culinario que legislativo: ‘insumo’. Término que en el recinto parlamentario solo podría encontrar lugar en el Hall de los Pasos Perdidos.

Efectivamente, el término ‘insumo’ no existe en el reglamento del Congreso, porque este define, entre otros, a “los ingredientes que se utilizan en una receta gastronómica”. Quizá se pensó que siendo el Perú el país del ‘boom’ de la gastronomía, mal haríamos en alejar el término ‘insumo’ de los escenarios más importantes y representativos.

Así, como resultado del debate, la Comisión de Constitución decidió denominar al trabajo elaborado por el grupo de reforma electoral como un “insumo” y no como un predictamen, como lo solicitaron sus integrantes en virtud de los precedentes parlamentarios existentes. Un predictamen asegura que el debate y los cambios que se hagan a partir de los aportes de los integrantes de la Comisión de Constitución tengan como documento principal al texto propuesto por el subgrupo de reforma electoral, mientras que los insumos, como es conocido, normalmente terminan por perder su forma original para convertirse en un producto distinto. ¿Pasará esto con la reforma electoral? Esperamos que no.

El informe presentado es el trabajo multipartidario más serio en materia de reforma política de los últimos diez años. No es un proyecto fujimorista, como lo han denominado, sino la suma de esfuerzos de todos los grupos parlamentarios. No está bien, por ello, llamar “insumo” a este proyecto de reforma integral en el que se ha recopilado la legislación hasta ahora dispersa para ordenar los procesos electorales, fortalecer los partidos políticos, transparentar sus finanzas y limitar el acceso a la política de personas con antecedentes de corrupción y delitos dolosos.

Ningún peruano es ajeno al grave problema que origina la corrupción como consecuencia de los aportes en las campañas. Ningún peruano deja de sentirse afectado porque unos cuantos deciden su destino por intereses económicos individuales y no por los de la ciudadanía. Eso ha pasado cuando algunos partidos fueron financiados por aportes de algunas empresas cuyo interés de lucro las impulsa a invertir para ganar y cuando aportes anónimos respaldan candidaturas sin que se sepa su procedencia. Estos tipos de aportes han sido prohibidos en la ley electoral que proponemos a la Comisión de Constitución.

Otro aspecto importante de la propuesta es el fortalecimiento de los partidos políticos, pues su poca consistencia hace que terminemos eligiendo caudillos con las mejores promesas, o a quien resulte más dadivoso.

Esta falta de solidez de los partidos ha resultado negativa y la personalización de la política también.

Por ello, la ley electoral propuesta está dando el primer paso en busca de su fortalecimiento. ¿Cómo? Prohibiendo las dádivas, exigiendo el compromiso con una ideología, con la democracia, la formación de cuadros nuevos y capacitados y una existencia de tres años antes de las elecciones en caso de partidos políticos nacionales, así como de un año en el caso de los movimientos regionales.

El requisito de contar con el 4% de firmas para la inscripción es también un elemento importante. No es una novedad, sino un porcentaje fijado ya por la Ley 30414, aprobada por el Congreso de la República en el 2015.

Por todo esto, la ley electoral que proponemos es una ley trascendente, producto de una reforma consensuada por la que nadie se atrevía a dar el primer paso porque no la creían posible. Sin embargo, se hizo con el objetivo de terminar con un atraso de 30 años en la materia, lográndolo en primera instancia, porque el país necesita una reforma acorde a las exigencias de la OCDE. De ahí la idea de una reforma integral, una sola ley electoral y no más modificaciones parciales, que generen un alto costo político como el de la última elección.

Debemos ser responsables y actuar como estadistas, sin pensar en colores políticos ni a quién o a cuál partido favorece esta ley. Tenemos que pensar en la historia, en el bicentenario, que esta sea la reforma política del bicentenario, que haga que la ciudadanía vuelva a confiar en las bondades del sistema democrático.