No más 'robacables', por A. De Belaunde y G. Lombardi

El Congreso de la República es el espacio de representación política por excelencia. Y para garantizar que dicha representación sea real y se mantenga en el tiempo, es indispensable que la ciudadanía confíe en sus congresistas. Sin esa confianza, no hay acercamiento o diálogo posible: el desprestigio termina afectando la legitimidad del ejercicio parlamentario, alejando así a la ciudadanía de esta institución.

Una de las causas para la pérdida de confianza de la ciudadanía a los congresistas puede sintetizarse en una frase popularizada en las últimas décadas: “otorongo no come otorongo”. Existe la percepción ciudadana de que los congresistas no cumplimos con castigar ejemplarmente los escándalos de nuestros colegas. Desde su creación, la Comisión de Ética ha sido permanentemente cuestionada por la opinión pública, pues queda la impresión de que en muchos casos termina primando el cálculo político por sobre la vocación de control ético. 

Hemos presentado un proyecto de ley para cambiar esta situación. Buscamos que el control ético esté en manos de una comisión ajena al Congreso. La nueva comisión estaría integrada por un ex presidente del Congreso, un ex congresista, un profesor principal de Derecho de una universidad licenciada por la Sunedu y dos ciudadanos (uno elegido por la Defensoría del Pueblo y otro por el Acuerdo Nacional). Estos miembros deberán contar con reconocida trayectoria ética y profesional, y no tener filiación partidaria, salvo el caso de los ex congresistas, quienes, de tenerla, tendrían que solicitar licencia durante el ejercicio del cargo.

Con esta conformación se busca combinar la experiencia propia de los ex congresistas, la formación académica del docente universitario y la mirada ciudadana desde la sociedad civil. Además, se quiere alejar las lealtades y consideraciones políticas propias de los congresistas en ejercicio, para conseguir un análisis más independiente de las denuncias.

Este no debe ser el único cambio en la regulación ética del Congreso. Es necesario darle mayores “dientes” al Código de Ética, estableciendo una mejor tipicidad para sancionar, por ejemplo, los conflictos de interés que puedan suscitarse. Asimismo, habría que debatir la posible reforma constitucional para que la máxima sanción ética no sea de 120 días de suspensión, sino el desafuero definitivo.

La construcción de la confianza entre representantes y representados es un proceso indispensable si queremos fortalecer nuestra débil institucionalidad. En los últimos años, la Comisión de Ética Parlamentaria ha ido a contracorriente de este imperativo y el proyecto presentado pretende comenzar a revertir esta situación. Los congresistas tendrán que demostrar que saben subordinar sus lealtades partidarias a la ética pública. Esta es su oportunidad.