El mañana no perdona

Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso su propuesta de reforma del sistema de pensiones que, a diferencia de otras propuestas, no modifica la coexistencia actual entre un sistema público de reparto operado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y uno privado de capitalización individual, donde las AFP administran los fondos.

Lo que sí plantea es reorganizar las funciones de ambos sistemas en cuatro pilares y realizar cambios en cada uno de ellos. El primer pilar es el no contributivo, en el que se busca que Pensión 65 se otorgue a los afiliados mayores de 65 años que no hayan accedido a una pensión y se encuentren en condición de pobreza y pobreza extrema.

El segundo es el semicontributivo, que incluye una pensión mínima –equivalente a la pensión que otorga la ONP– financiada con recursos públicos para los afiliados a las AFP que no lograron ahorrar lo suficiente en su fondo. Este planeamiento, además, viene con un aumento de las pensiones de la ONP bajo el brazo: S/600 para quienes aporten 20 años, S/400 para los que aporten más de 15 años y S/300 para los que cumplan 10 años de aportes.

En el pilar contributivo, se abriría la puerta para que los bancos, financieras, cajas y aseguradoras compitan con las AFP y se apunta a que los trabajadores independientes aporten obligatoriamente a uno de los dos sistemas. Finalmente, en el voluntario, se ponen sobre la mesa subsidios para incentivar el ahorro previsional.

Comparativamente, esta es una propuesta responsable, pero igual hay que anotar el altísimo costo que implicaría para el fisco y el aumento vertiginoso que se prevé para esos desembolsos. Según la exposición de motivos del proyecto, la ampliación de Pensión 65 costaría S/109 millones el primer año y S/1.348 millones al vigésimo, mientras que el incremento de pensiones de la ONP demandaría S/782 millones el primer año y S/1.907 millones al trigésimo.

Pero el mayor costo proviene de la pensión mínima, que demandará un total de S/122.582 millones en las próximas nueve décadas –S/1.332 millones al año, en promedio– si solo contamos a los actuales afiliados de las AFP. La curva de incremento de este gasto es extremadamente empinada porque el MEF está planteando que los afiliados trasladen su fondo al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), operado por la ONP, para acceder a ella. Esto permitiría que durante los primeros años se usen esos recursos, pero una vez agotados este mecanismo bailaría principalmente con el pañuelo de las transferencias presupuestales.

En total, el MEF calcula que dentro de diez años el costo anual de esta reforma llegue a los S/2.216 millones, yendo a contracorriente de lo que buscó la reforma de los 90: reducir los riesgos fiscales que representa el sistema previsional.

Y este costo considera un escenario en el que el Congreso mantiene los límites al acceso a la pensión mínima –no haber realizado retiros de su fondo o haber repuesto los recursos–, los topes a los incentivos al ahorro y el aumento de los aportes al sistema público, una probabilidad que, viendo el entusiasmo que ha generado el proyecto de un séptimo retiro de los fondos de las AFP, se ve como muy lejana.