Los 300 de Moquegua, por Fernando Cáceres

La semana pasada hubo un paro de tres días en la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua. El reclamo tenía por objeto tumbarse el incremento tarifario de agua y saneamiento aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Este incremento fue dispuesto tras un estudio tarifario para el quinquenio regulatorio 2018-2022, que incluía fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión (continuidad, medición, etc.), y que había sido oportunamente publicado y objeto de una audiencia pública. Y lograron tumbárselo.  

El 19 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, declaró a radio Americana de Moquegua: “La Sunass es un organismo autónomo, para los efectos de manejo tarifario del agua. Nosotros lo que hemos hecho es coordinar con su directorio y [se] ha convenido en que esta resolución que ellos sacaron aumentando en 20% [...] quede sin efecto. ¡Ha quedado sin efecto!”.  

Sin embargo, la Sunass no ha tomado la decisión de dejar sin efecto la Resolución de Consejo Directivo Nº 072-2017-Sunass-CD. De hecho, su consejo directivo solo podría modificar su fijación tarifaria si mediaran razones técnicas, no políticas, y dentro de un plazo que ya prescribió. Un candado puesto, justamente para resistir a presiones de este tipo.  

Más todavía, tras la insistencia del periodista de radio Americana de que la población no estaría satisfecha si la Sunass no modificaba su resolución, el primer ministro ofreció: “Denme 30 días y pasamos esta resolución”. Para minutos después sentenciar: “Para decirlo de una manera elegante, de la manera más seria con Sunass, ¿no? Para que tenga que entender que no se puede aplicar la ley por aplicarla”.  

El caso demuestra, entonces, lo contrario a lo que el primer ministro expresa: la autonomía conferida por el actual Ejecutivo a los reguladores es solo de papel. Basta que una autoridad política perciba que algún hecho le mueve el piso para que termine cediendo, inclusive, más allá de lo que le compete decidir.  

¿Y al menos eran muchos los manifestantes? Como máximo habrá habido 300 personas en las calles, convocadas por el Frente de Defensa de los Intereses de los Pueblos de Moquegua (Fedip), organización controlada por representantes sindicales, asociada al Sindicato Unificado de la Educación en la Región (Suter) Moquegua (vinculado a Conare).  

De hecho, entre ‘los 300 de Moquegua’ se advirtió la participación de organizaciones como el Sindicato Único de Comerciantes Minoristas de Mercados y Anexos de Moquegua –quienes reclamaban la poca participación de la población, según la prensa moqueguana– y del Colegio de Ingenieros de la región, desde donde se realizaban las concentraciones para las marchas. En otras palabras, se trataría principalmente de comerciantes. No de usuarios residenciales.  

A los usuarios residenciales el alza impactaba entre S/1 y S/4.5. Por ejemplo, tendrían que pagar S/16 por 10 metros cúbicos, un monto aún por debajo del promedio de otras localidades del país. De hecho, las facturas correspondientes a marzo, el segundo mes en el que se aplicó el incremento, hasta la semana pasada ya habían sido canceladas por más del 93% de la población. Lo cual da cuenta de que no se trató de una masiva protesta ciudadana, sino de una protesta de un pequeño grupo de comerciantes, cuyos intereses económicos se veían afectados por el incremento.

El mal manejo de este caso se redondea al advertir que, según una nota de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros emitida el mismo 19 de abril, “en los próximos meses se revisará la estructura tarifaria, para la cual se solicitará la participación del Colegio de Ingenieros de Moquegua”. Sí, el mismo colegio de ingenieros desde donde se realizaban las marchas. Todo mal.