Así mueren las democracias, por Gonzalo Ramírez de la Torre

La prensa siempre debe tener una relación tensa con el poder. Si un presidente mentiroso e incompetente no ve en los medios una piedra en el zapato, entonces estos no están haciendo su trabajo correctamente (u operan en países como Venezuela o Cuba). Si un empresario acostumbrado a bajar unos billetitos para ganar licitaciones con el Estado no teme que algún día se revelen sus crímenes en la portada de un diario, este quedaría mejor inédito.

Sin embargo, esta tensión, que debería ser la razón de ser del periodismo, siempre genera una respuesta de aquellos que son materia del reporteo y puede resumirse en una frase: “castigar al mensajero”. Así, el presidente Pedro Castillo, alérgico a la vigilancia, se niega a dar entrevistas a los medios que, en palabras del ministro de Justicia, Aníbal Torres, son “difamadores profesionales”. O, como ha ocurrido con el caso del libro “Plata como cancha” (2021) de Christopher Acosta, personas como César Acuña apuestan por una demanda ante el Poder Judicial confiados en que les tocará un juez que no sabe dónde está parado, dispuesto a zurrarse en la jurisprudencia vigente y el sentido común.

Hoy este último caso acapara –y con razón– la atención de la opinión pública, pero la prensa en el Perú viene siendo acosada desde hace mucho.

La situación de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz es emblemática, toda vez que, luego de revelar las atrocidades cometidas en el seno del Sodalicio de Vida Cristiana, han venido siendo materia de un sinfín de demandas e investigaciones que tienen como claro objetivo frustrar su trabajo. La legislación actual, con las severas penas para los crímenes contra el “honor”, hace que recurrir a la vía judicial sea moneda común para los “afectados”.

Pero muchos de los atropellos llegan desde el poder político y desde todos los rincones del espectro ideológico. Cómo olvidar, por ejemplo, el proyecto de ley de control de medios que promovieron en el 2017 las entonces congresistas de Fuerza Popular Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. Esta iniciativa legislativa pretendía establecer una veeduría que regulase el trabajo de las plataformas de comunicación. Tampoco se puede dejar de recordar la ‘Ley Mulder’, dirigida a prohibir la publicidad estatal en periódicos, revistas, estaciones de radio y canales de televisión, que el TC declaró inconstitucional por afectar el derecho al acceso a la información.

Por otro lado, el plan de gobierno de Perú Libre con el que postuló el actual jefe del Estado es una pesadilla para la libertad de expresión. Como se sabe, además de proponer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haga una censura previa de los contenidos de los medios, este cita como referentes en la materia a Vladimir Lenin y Fidel Castro… Y el actual mandatario y su equipo han hecho gala de su desprecio al periodismo en más de una oportunidad, azuzando violencia contra reporteros en mítines y, ya en el poder, imponiéndoles prohibiciones de acceso a algunos eventos oficiales.

Lo más triste, sin embargo, es que muchos de los que se declaran defensores de la libertad de prensa juegan en pared con quienes buscan depredarla. La izquierda presuntamente “moderada”, como la que representa Nuevo Perú, apaña la tendencia a la opacidad del Gobierno, celebra a la dictadura cubana (que castiga el periodismo independiente) y luego tiene el tupé de indignarse con casos como el de Acosta. Y, en el mismo nivel, están los supuestos liberales que fueron abogados de Acuña en el caso de marras, convirtiéndose en parteros del desenlace.

“La democracia muere en la oscuridad” es la frase insignia del “Washington Post”, y da cuenta de un hecho inescapable: sin medios de comunicación que echen luz sobre lo que ocurre en el país, más allá de lo que quieran los que protagonizan la noticia, la democracia no puede sobrevivir. Hoy, en el Perú, somos muchos los que queremos defender estos principios, pero son varios los que quieren derrumbarlos y están por todos lados.