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La corrupción no tiene partido ni bandera, no tiene ideología ni pensamiento. Están involucrados con Odebrecht, según las acusaciones, tanto Alejandro Toledo, que se mostró como respuesta al fujimorismo, como Fuerza Popular, que se muestra como herencia del fujimorismo.
Alan García se opuso a Humala, pero ambos tienen que ver con cuentas de Odebrecht. Kuczynski apeló a un viraje a la derecha; igual que Susana Villarán, que se decía de izquierda, está vinculado a cuentas de la empresa criminal.
La corrupción no discrimina y los corruptos están en todos lados. Las instituciones, por eso, deben favorecer los procesos de investigación y control.
El Congreso no favorece la investigación y la indagación sobre sus propios miembros. El caso de Héctor Becerril es flagrante al respecto.
La Comisión de Ética del Congreso ha resuelto archivar la denuncia contra Becerril por el Caso ‘CNM-audios’. Becerril ha sido acusado de influenciar en la elección del presidente del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Becerril negó reuniones con el ex titular del CNM Guido Aguila, que después reconoció. Este último dijo que las reuniones fueron para tratar sobre la reforma constitucional de la institución. ¡Como si Becerril destacara por sus teorías constitucionalistas!
La congresista Úrsula Letona pretende justificar este archivamiento. Recurre a un argumento estólido y falaz. Argumenta así para que Becerril no sea investigado en este caso.
“Nos guste o no, ha dicho la señora Letona, la presunción de inocencia es un presupuesto de orden constitucional y va por encima de cualquier ideología, y aplica a todos, incluso a los de Fuerza Popular”.
La presunción de inocencia es un derecho que asiste al imputado. No es un escudo protector de la inconducta. Nadie dice que, de antemano, Becerril sea culpable. Se reclama que sea investigado.
Según el peculiar concepto de Letona sobre presunción de inocencia, se debe presumir inocente a Becerril y, por lo tanto, no se lo debe investigar.
Becerril debe ser escrupulosamente investigado. Debe ser considerado inocente mientras se lo investiga y hasta en tanto no haya una sentencia que lo declare culpable. Lo que hace la Comisión de Ética (y el argumento de Letona) es eximirlo de responsabilidad.
No hay santos, pero los tratamos como tales. Tratados como santos, se olvidan de la responsabilidad. Sin responsabilidad, hasta los santos terminan trabajando para el infierno.
Becerril no solo tiene esta imputación. Tiene otra, más desarrollada, sobre un soborno en especies para su vivienda en Trujillo. ¿Y también pedirán “presunción de inocencia”?
Con imputaciones menos contundentes en cuanto a la autoría del delito atribuido, Keiko Fujimori cumple prisión preventiva. Becerril, en cambio, goza de libertad y de defensores en el Congreso.
El propio Becerril, en su batalla contra la fiscalía, arguye que los fiscales “no son imparciales”. ¡Como si un fiscal tuviera que serlo! Un fiscal no es un juez. El fiscal acusa, esa es su misión. ¿Cómo haría para ser imparcial?
Becerril dice que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez realizan “acciones políticas”. Agrega que “quieren sacar de carrera a algunos partidos políticos”.
El proceso fiscal lleva a los tribunales a los líderes y a algunos funcionarios de Fuerza Popular, del Apra, del Partido Nacionalista, del partido PPK y de Fuerza Social.
¿Quieren sacar a todos? ¿O sucede que en todos hay corrupción? Investigar y acusar, ¿es una “acción política” o es el cumplimiento de una función?
La actitud de un funcionario debe ser: “Investiguen, yo colaboro, acabemos con la corrupción”. La actitud de Becerril y sus defensores es: “Yo no debo ser investigado, el que me acusa quiere destruir a los partidos”.
El Congreso y los congresistas deben tomar una decisión sobre el lugar que quieren ocupar. Están del lado de los que quieren investigar o están del lado de los que no quieren investigar.
No investigar o no querer investigar, en las circunstancias actuales, es un tipo no tan sofisticado de complicidad.
La “presunción de inocencia” debe usarse como un principio de derecho durante un proceso, no para impedir iniciarlo, no debe usarse para blindar.
