Burlándose del Estado, por Juan Paredes Castro

Algo tiene que hacer Ollanta Humala para que el Caso López Meneses (inexplicable resguardo policial en la casa del ex operador de Vladimiro Montesinos) no se convierta en una burla al Gobierno ni a la Presidencia de la República ni al Estado Peruano.

Es comprensible que por las inmunidades que rodean su cargo e investidura, Humala no puede ser investigado ni encausado sobre quién finalmente dio la orden del impresionante resguardo policial.

Una pregunta es si esta (la superorden) vino desde muy arriba (la propia presidencia), desde un nivel de subordinación inmediata (el ministro del Interior de entonces) o desde más abajo, como lo reconoció el presidente (con media docena de altos mandos policiales investigados).

La otra pregunta es cuánto sabía o ignoraba el presidente.

Lo que no se comprende es por qué Humala, que tomó drásticas medidas 48 horas después de descubierto el insólito resguardo policial, solicitándole la renuncia a su entonces ministro del Interior Wilfredo Pedraza, cesando a su asesor en asuntos de seguridad y defensa Adrián Villacorta y ordenando la separación y baja de varios oficiales generales de la PNP, se niegue ahora a prestar su testimonio en las investigaciones que realiza una comisión ad hoc del Congreso.

El mandatario tendría hasta tres vías para brindar este inmensamente útil testimonio: recibiendo en su despacho a los miembros de la comisión presidida por el parlamentario Juan Díaz Dios; enviando al Congreso a un delegado como el ministro de Justicia, Daniel Figallo, o a una delegada como la primera ministra Ana Jara, para tratar, en su nombre, el tema en investigación; y por último mediante un recurso escrito firmado por él o por quien mejor lo represente.

Humala dijo en algún momento que el Caso López Meneses había sido resuelto al interior del gobierno. El término resuelto alude que hubo más que un control de daño, es decir, suficiente indagación sobre los hechos, las personas y autoridades involucrados y lo que es importante: que para el propio jefe del Estado ya no había nada que aclarar respecto de lo que pasó en la casa del ex cercano colaborador del ex asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos, beneficiado con un resguardo policial del que supuestamente no sabía nada.

No solo por tratarse de López Meneses (Humala debe tener sus razones para haberlo llamado “basura”) y su pasado vínculo con Montesinos, sino por constituir un hecho oscuro sin precedentes desde el derrumbe del régimen de Alberto Fujimori, el presidente no debería dar pie, en lo mínimo, a que se prolongue el misterio alrededor del resguardo policial en cuestión.

Si todo sigue igual como hasta hoy, vamos a transitar hacia el 2016 con un tenebroso paquete por abrir e investigar, y para entonces sin las inmunidades que hoy aparentemente encapsulan la verdad del Caso López Meneses en un manifiesto secretismo presidencial oficial.

Por el solo hecho de tener que curarse en salud, Humala debería colaborar con la investigación parlamentaria.