"Permítanme en esta oportunidad enfocarme en lo que creo que es el corazón del aparato estatal: los servidores o funcionarios públicos". (Ilustración: Giovanni Tazza).
"Permítanme en esta oportunidad enfocarme en lo que creo que es el corazón del aparato estatal: los servidores o funcionarios públicos". (Ilustración: Giovanni Tazza).
Oswaldo Molina

Director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes)

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La viene mostrando con particular crudeza las limitaciones y enormes ineficiencias de nuestro aparato estatal. Esto solo hace evidente la necesidad de incluir de manera prioritaria este punto en la agenda de los próximos años. Y es que un eficiente es justamente lo que necesitamos para que, a través de la provisión de servicios públicos de calidad, como educación y salud, podamos brindar verdaderas oportunidades a los más vulnerables y aumentar de manera efectiva la competitividad futura de nuestro país.

Al respecto, hace unos días, el lanzó el Informe de Competitividad 2021, una especie de mapa para guiar nuestros siguientes pasos en la búsqueda de un Perú más competitivo (que, en el fondo, no es otra cosa que un país con más oportunidades y bienestar). En dicho informe se prioriza nueve aspectos claves. Uno de ellos es precisamente la eficiencia del sector público. Acá algunos puntos fundamentales sobre esta reforma pendiente, a partir de la información de dicho informe.

Lo primero, ¿qué tan grande es el desafío? De acuerdo con el Índice de Efectividad del Gobierno, desarrollado por el Banco Mundial, el Perú se ubica en el puesto 106 de 209 países; mientras que sus aliados comerciales de la , Chile y Colombia, se ubican en los puestos 39 y 93, respectivamente. Aún más, si revisamos nuestro desempeño entre el 2007 y el 2020 en el ránking del indicador de servicios públicos del Fragile States Index, que mide la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, comprobaremos que, a diferencia de muchos países de la región, no hemos avanzado en estos últimos 13 años. Esto, por supuesto, se traduce en una satisfacción de la población con respecto a la provisión de servicios públicos por debajo de la mediana de América Latina, según el Barómetro de las Américas.

Ahora bien, ¿qué aspectos debemos priorizar para mejorar? El informe centra su atención acertadamente en tres determinantes: los recursos humanos, los arreglos institucionales y las medidas de control para reducir la corrupción. Permítanme en esta oportunidad enfocarme en lo que creo que es el corazón del aparato estatal: los servidores o funcionarios públicos. Quizás no lo saben, pero los servidores públicos representan el 9,7% de la población económicamente activa ocupada y son contratados bajo diferentes regímenes laborales que no impulsan la meritocracia. Además, no tienen por lo general una carrera definida, con ascensos e incentivos establecidos, lo que dificulta la atracción y retención del talento. La ley del Servicio Civil, aprobada en el 2013, buscaba justamente revertir esta situación. Sin embargo, su avance es aún muy lento e incompleto.

A esta situación, se le debe sumar la inestabilidad política, que genera una alta rotación del personal. Para darnos una idea de la magnitud del problema, basta con indicar que, entre el 2016 y el 2020, la duración promedio de un director general, directivo clave para el diseño e implementación de políticas, fue de solo 6,9 meses en el Ministerio de Salud (¡ahora podemos entender por qué no se ha podido reformar ese sector!). Este caso desafortunadamente no es una excepción: la duración promedio no sobrepasa el año en otros ministerios, como el de Transporte o Producción. Esto dificulta lograr una gestión eficiente y sostener reformas fundamentales en el tiempo. Existe además evidencia que la alta rotación de funcionarios claves está asociada con una menor tasa de crecimiento del PBI per cápita (Aisen y Vega, 2011).

Por ello, entre las muchas acciones que debemos tomar para lograr un Estado más eficiente, es fundamental priorizar la reformulación tanto de los esquemas de contratación de directivos y servidores públicos, de modo que pueda ser mediante procesos meritocráticos; como de sus carreras y estabilidad dentro del aparato estatal. Y es que debemos aspirar a contar con funcionarios en puestos claves que puedan trascender los gobiernos de turno y, por tanto, sostener reformas de largo plazo.

En el camino para alcanzar el Perú con el que todos soñamos, la construcción de un Estado eficiente es un paso impostergable. De otra manera, estaremos condenados a un Estado incapaz de atender las múltiples necesidades de la población y ser pieza central de nuestro desarrollo.