En defensa de la Cicig, por José Ugaz

En la década de los 90, Guatemala se convirtió en uno de los países con más alta impunidad en el mundo. Redes de corrupción capturaron el Estado, al punto que se hablaba de la existencia de un “poder oculto” que ponía presidentes, controlaba las fuerzas armadas y la policía, y operaba con soltura desde el sector privado y a través de organizaciones criminales dedicadas a una amplia gama de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y diversas formas de defraudación pública.

El conflicto armado interno que sacudió ese país entre 1960 y 1996 dejó un saldo espeluznante: 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados, en su mayoría indígenas, el sector social más amplio del país. La extrema pobreza, la gran brecha entre las élites y el resto de la población y la gran corrupción, violenta e impune, no solo hacían insufrible uno de los países más hermosos del mundo, sino que lo colocaron en la lista de los denominados estados fallidos.

Al inicio de la década de los 2000, el 97% de los crímenes de alto impacto no era investigado, no se identificaba a sus autores y estos, por supuesto, no pagaban las consecuencias de sus actos.
Esta situación extrema generó una sana reacción de la reserva moral del país, la que, con el apoyo de la comunidad internacional, ideó un mecanismo creativo de respuesta: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En el año 2006 se firmó el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas que creó la Cicig como una institución con autonomía financiera, dedicada a coadyuvar a las instituciones guatemaltecas, especialmente a la fiscalía, a investigar y perseguir el delito. De esta forma, se instaló en el 2007 una suerte de fiscalía internacional con un comisionado responsable (el primero fue un ex fiscal español) y decenas de funcionarios de diversas partes del mundo, entre ellos, investigadores, analistas, peritos y abogados especializados en la lucha contra el crimen organizado.

De la mano con el Ministerio Público, los logros obtenidos por la Cicig son innegables. En once años de existencia se ha investigado y sancionado una gran mayoría de crímenes de alto impacto. Gracias al trabajo de la comisión y los fiscales de Guatemala, hoy están presos el ex presidente Pérez Molina y su vicepresidenta, entre otros responsables de innumerables delitos graves. Después de décadas de embalsamiento, hoy se han tenido que crear campamentos para albergar a un gran número de investigados por casos de corrupción, pues las cárceles no se dan abasto. Ex presidentes, ministros, altos funcionarios públicos, militares, policías, élites empresariales y mafiosos de toda estirpe, hoy enfrentan la justicia. Con un trabajo profesional, sin contaminación política, la Cicig ha logrado restablecer la fe de la población en la justicia, al punto que según las encuestas cuenta con un apoyo del 95% de los ciudadanos.

Como era de esperarse, un trabajo de esta naturaleza, que confronta las fibras más oscuras del poder, ha generado una tenaz reacción de las redes ilegales, que han enfilado todas sus baterías contra la Cicig y el comisionado que la encabeza, Iván Velásquez, un ex fiscal colombiano, quien tras su hablar pausado, exhibe una trayectoria impresionante. Fue el fiscal que investigó, y vivió para contarlo, a Pablo Escobar y envió a prisión a decenas de congresistas vinculados a la llamada parapolítica colombiana.

No deja de ser paradójico que quien encabeza esta arremetida contra la Cicig sea el presidente Jimmy Morales, un cómico profesional metido a político, investigado por la Cicig por el financiamiento ilegal de su campaña, y con un hermano y un hijo presos bajo cargos de corrupción. Rodeado de militares como en los nefastos años 80, declaró persona non grata al comisionado Velásquez, a quien no deja ingresar al país desacatando una orden expresa de la Corte de Constitucionalidad.

La última palabra no está dicha aún. Es de esperar que la comunidad internacional y las Naciones Unidas reaccionen con firmeza en defensa de un muy eficaz modelo de lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Si desaparece la Cicig, no solo pierde Guatemala. Pierde el mundo. La comunidad anticorrupción observa con ilusión y esperanza la existencia de esta institución, pues no son pocos los países con sistemas de justicia fallidos que requieren el soporte de la comunidad internacional para enfrentar la gran corrupción y las poderosas redes criminales que la sustentan.