Maria Cecilia  Villegas

Sesenta muertos, 25.000 viviendas afectadas y 150.000 damnificados es el resultado del paso del por el Perú. Miles de peruanos han perdido lo poco que tenían en un país donde las autoridades no se sienten responsables y donde el resto de los peruanos parece no sentir el dolor ajeno.

La falta de Estado y la incapacidad de las autoridades es algo de lo que hablamos constantemente, así como de las reformas necesarias para impulsar el desarrollo del país, como la reforma política. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho y lo escrito, la situación en el no mejora. Y la realidad es que, mientras los ciudadanos no decidan involucrarse en la cosa pública, el Perú no logrará salir de la crisis política y social en la que se encuentra.

Para que un Estado funcione relativamente bien, hacen falta dos componentes principales: por el lado de la demanda, ciudadanos que le exijan al Estado una buena calidad de servicios e infraestructura, que demanden rendición de cuentas y que denuncien cuando algo no funcione. Y, por el lado de la oferta, necesitamos una burocracia medianamente competente, pero honesta. Estos dos componentes forman un círculo virtuoso que permite que un Estado funcione y satisfaga las necesidades básicas de sus ciudadanos. En el caso peruano no existe este círculo virtuoso. Por el contrario, estamos atrapados en una trampa de incapacidad y abandono de lo político. Tenemos una sobrerregulación que eleva los costos de transacción y genera oportunidades de corrupción. Nuestra burocracia, salvo honrosas y muy destacables excepciones, no tiene ni capacidad ni honradez. En el Perú hemos impuesto un sistema de corrupción e incapacidad en el que nos movemos, me atrevería a decir, con bastante comodidad. Y me atrevo a decirlo porque, si no fuese así, estaríamos haciendo bastante más de lo que hacemos para romper con este sistema.

Cuando el Estado no funciona, o ante esta inexistencia de Estado, que comprobamos día a día, pero en mayor medida cuando ocurre una emergencia, los más afectados son los que viven en pobreza y vulnerabilidad y que dependen del Estado.

Para tener una idea, uno de cada cuatro peruanos vive debajo de la línea de la pobreza; esto significa que sobrevive con menos de S/378 al mes. En Puno, Pasco y Huancavelica la pobreza llega al 42% de la población. Y existen 11 millones de peruanos que son considerados vulnerables; es decir, que, si bien han salido de la pobreza, pueden volver a caer en ella ante cualquier eventualidad, por ejemplo, la enfermedad de un familiar o la vejez en un país donde la gran mayoría solo puede acceder a servicios de salud públicos de muy mala calidad o donde el 77% no tiene una pensión social y dependerá de sus familiares para sobrevivir cuando ya no pueda trabajar. El Niño costero tuvo un impacto devastador en miles de familias, como el COVID-19 y el ciclón Yaku. Pero este impacto habría sido muchísimo menor si tuviésemos autoridades cumpliendo con sus obligaciones. Y una clase política impulsando reformas que permitan que los peruanos accedan a viviendas seguras, a un mejor sistema de salud y de pensiones.

El rol de los líderes empresariales es importantísimo para obligar al Estado a rendir cuentas. El poder de la empresa privada es enorme, pero no está siendo utilizado como debería. El empresariado tiene la capacidad de poner luz ahí donde los gobiernos quieren oscuridad: denunciando la corrupción y el manejo indebido de recursos. No aceptando construir obras sobrevaloradas y que no son las adecuadas. Corrupción no es solo pagar o recibir una coima, es también aceptar puestos públicos para los que no estamos preparados y no ejercer esa función con absoluta transparencia. ¿Dónde están todos aquellos que pasaron por los ministerios, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y los gobiernos locales, aquellos que recibieron presupuestos y los desviaron para beneficio personal o de terceros, aquellos que irresponsablemente eligieron proyectos que no respondían a las necesidades de quienes hoy, como siempre, han vuelto a perderlo todo? Cuando callamos y no alzamos la voz, somos cómplices de un Estado ineficiente y del daño que genera.

Maria Cecilia Villegas es CEO de Capitalismo Consciente Perú

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