Elecciones internas

En las últimas semanas, se llevaron a cabo las elecciones internas para que los partidos políticos y movimientos regionales definan a sus candidatos a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. El 15 pasado, los afiliados de algunos partidos y movimientos eligieron candidatos y otros, la mayoría, eligieron delegados que el pasado 22 seleccionaron también a sus candidatos.

Lo que debemos rescatar es que, desde las elecciones generales del 2021, la ONPE organiza las elecciones internas de los partidos. Esto ha ayudado a minimizar controversias poselectorales como en el pasado, cuando los propios partidos organizaban sus elecciones internas, muchas veces meras simulaciones de estas. La organización de la ONPE ha servido además para desnudar la pobre realidad de los partidos: la mayoría definió candidatos mediante un número reducido de delegados, se presentaron predominantemente listas únicas y las tasas de participación terminaron siendo muy bajas, por debajo del 10% en la mayoría de los casos, según información preliminar. Estas tasas de participación revelan que, o los padrones de militantes están “inflados” artificialmente, o se trata de partidos o movimientos regionales “cascarón”; es decir, que no cuentan en realidad con afiliados reales y que funcionan más bien como “vientres de alquiler”.

Los cambios implementados desde el 2019, en el marco de una reforma política solo parcial, buscaron establecer requisitos mínimos razonables para los partidos para así “depurar” el sistema. El objetivo es renovar la representación, quedarnos con aquellos partidos realmente representativos con un mínimo de vida interna y sacar de la competencia a los grupos meramente oportunistas. Ciertamente, avanzar en esta línea implicaba la llegada de partidos nuevos capaces de pasar esos requisitos y la adecuación de los ya registrados a las nuevas exigencias, lo que implicaba el sinceramiento y actualización de sus padrones de afiliados. Claramente, las tasas de participación demuestran que apenas estamos a inicios de un proceso: el problema es que los partidos en el Congreso arguyen “no estar listos todavía” para pasar a la siguiente etapa, a pesar de que desde agosto del 2019 el Congreso aprobó que los candidatos de los partidos a los cargos de elección popular más importantes serían elegidos por todos nosotros, los ciudadanos, de manera obligatoria.

Existe un relativo consenso alrededor de la constatación de que la oferta de candidatos que nos presentan los partidos es bastante pobre, y que ello es consecuencia de manejos arbitrarios y poco transparentes en las cúpulas de los partidos que limitan la competencia interna, desincentivan la participación de mejores candidatos y generan oportunidades para personajes que ven en la política la posibilidad de extender sus intereses privados y particularistas. Avanzar en la dirección deseable implica persistir en la lógica de depuración partidaria que facilite el acceso a fuerzas nuevas con intención seria de participar y hacer que los partidos ya inscritos sinceren su padrón de militantes de donde deberían salir sus candidatos, previo cumplimiento de algunos requisitos mínimos como, por ejemplo, un tiempo de actividad y militancia.

La novedad, en principio establecida para las próximas elecciones generales si es que no se vuelven a hacer excepciones como en las elecciones generales del 2021 y en las próximas regionales y municipales, es que todos los ciudadanos podremos intervenir en la definición de los candidatos de los partidos que aspiran a representarnos; además, expresando nuestras preferencias partidarias, podremos eliminar de la competencia a los partidos sin mayor representación (incapaces de superar el 1,5% de los votos válidos).

Por supuesto, esta reforma es apenas una pieza dentro de un engranaje mayor. El fortalecimiento de los partidos en el ámbito parlamentario debería de complementarse con modificaciones en el reglamento del Congreso para fortalecer a las bancadas por encima de los representantes individuales y reducir los riesgos del transfuguismo. Otra reforma saludable sería permitir que los candidatos presidenciales puedan también postular al Parlamento, para que puedan luego convertirse en líderes de bancada y así acercar los liderazgos nacionales con las lógicas congresales.