Humala y Heredia, los primeros acusados, por Fernando Rospigliosi

La acusación del fiscal Germán Juárez Atoche contra Ollanta Humala y Nadine Heredia es la primera que se hace, después de varios años de investigaciones, de escándalos, prisiones preliminares y preventivas, y sentencias inapelables de la opinión pública reflejadas en las encuestas.

Y de una desvergonzada manipulación política que incluye a fiscales respaldados explícitamente por el presidente, a ONG y medios de comunicación que reciben información privilegiada para que la difundan y preparen el ambiente de lapidación de los adversarios del gobierno. Y de inmorales que aprovechan este ambiente de paroxismo y de confusión para pasar desapercibidos o, con un ilimitado desparpajo, presentarse como adalides de la lucha anticorrupción.

El mecanismo viene funcionando descaradamente desde hace algún tiempo, con la complacencia de medios de comunicación que están claramente partidarizados, ya sea por convicción o por las prebendas publicitarias del gobierno que, en momentos difíciles para varios de ellos, se convierte en una tabla de salvación ante la amenaza de crisis mayores.

Hace pocos días, un experimentado periodista, César Romero, jefe de la página de judiciales del diario “La República”, denunció en su cuenta de Twitter esa situación anómala. Dijo, entre otras cosas: “La información convertida en una simple moneda. Han superado a Vladimiro Montesinos”. Y agregó: “A mí me confunde que personas con las que compartí luchas e ideas [los antifujimoristas], hoy promuevan, apoyen, respalden, celebren y premien el veto a sus competidores. Son negocios, supongo. Soy periodista y eso no es prensa libre ni heroísmo”.

Y luego Romero señala a los responsables: “Periodistas que ante la ausencia de políticos actúan e influyen políticamente. […] Se crean superhéroes, pero ni un solo líder. Ni un solo cambio real se percibe. Solo una ONG monetiza la lucha anticorrupción”. No es necesario señalarla con nombre propio, todos saben cuál es.

Finalmente: “En la lucha contra la corrupción no sirven los héroes ni los creadores de héroes. Nos hacen creer que su trabajo es suficiente y el único posible. La corrupción solo cambia de nombres, se enmascara mientras nos distraemos con los héroes”.

Testimonio doblemente valioso porque proviene de un curtido periodista que, como él mismo lo admite, ha estado siempre en el campo del antifujimorismo. Y vale la pena citarlo porque en un reciente tuit dijo que procederá “a borrar los tuits que han generado tanto miedo”. Las presiones funcionan.

En el caso de Humala y Heredia, hay varias diferencias con otros que parecen similares. En primer lugar, el fiscal a cargo, Juárez Atoche, no es de la facción de José Domingo Pérez. Por eso no ha habido un torrente de filtraciones a una ONG y medios amigos como en los casos de fujimoristas o apristas.

En segundo lugar, el humalismo es parte de la coalición vizcarrista. Varios ministros y funcionarios actuales vienen del gobierno anterior, y varios ex ministros de Humala fungen de consejeros informales del presidente Martín Vizcarra y altos cargos del gobierno.

En tercer lugar, los medios de comunicación y periodistas que integran o respaldan la coalición vizcarrista tampoco están interesados en escarbar demasiado en la acusación contra Humala y Heredia, ni en difundir sus presuntos delitos, precisamente porque son aliados. No menos importante también, para explicar este tratamiento diferenciado, es que durante el gobierno anterior periodistas y analistas gozaron de los favores del presupuesto nacional a través de consultorías y otras canonjías. Por todo esto, aunque la acusación era inevitable porque está en manos de un fiscal independiente y las evidencias son abrumadoras, el tratamiento de este caso en los medios y la política es complaciente, benévolo, servicial.

En cuarto lugar, otra diferencia sustancial es que hay, desde hace tiempo ya, abundantes demostraciones de que buena parte de los fondos que recibieron Humala y Heredia de Venezuela y Brasil fueron a parar a sus bolsillos y no a la campaña electoral. (Ver “La dama y el vagabundo”, Américo Zambrano, “Hildebrandt en sus Trece”, 10.5.19). En otros casos no existen esas pruebas. Es decir, no se trata solo de la discusión sobre si recibir dinero bajo la mesa en una campaña es delito. En este caso, aunque se determine que no lo es, el enriquecimiento ilícito sí.

En quinto lugar, una diferencia significativa con otros casos es que en el 2011 ya se conocía que ellos habían recibido plata de Venezuela en la campaña anterior y la habían blanqueado y usado en beneficio personal, se sabía de las violaciones a los derechos humanos en Madre Mía y la compra de testigos, a pesar de lo cual el antifujimorismo –“conciencia moral del Perú”– se volcó masivamente a apoyarlos.

En sexto lugar, los fiscales adictos al gobierno excluyeron en el acuerdo con Odebrecht cualquier caso de corrupción en el período de Humala y Heredia. Un escándalo colosal del cual muy pocos hablan.
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