Jugar a “golpe de Estado” es muy peligroso, por Carlos Basombrío

Vivimos desde hace ya varios meses con escándalos políticos diarios, por lo que mencionar solo los títulos de los más importantes tomaría toda esta columna. Aun así, de confirmarse la complicidad del Congreso en la fuga del juez Hinostroza, sindicado como cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, se cruzaría un nuevo umbral.

No creo que prospere la prisión preventiva que se pida contra Keiko Fujimori (negar que tiene arraigo en el Perú es virtualmente imposible), pero ello no es óbice para que su detención preliminar y la de 23 otras personas ligadas a este proceso sea de lejos lo más importante que ha ocurrido en las turbulentas últimas semanas. El solo hecho ha marcado un cambio cualitativo en la situación política.

En ese contexto se difunde la interpretación de que la acusación fiscal de José Domingo Pérez y la decisión del juez Richard Concepción es parte de un “complot político” y ello no se debe dejar pasar sin reflexión. Mucho menos todavía la acusación de que se gesta desde el gobierno un golpe de Estado, que es de un calibre mucho mayor. En ese supuesto, estaríamos ante un escenario desastroso que nos haría retroceder décadas; que haría trizas nuestra ya precaria convivencia y paralizaría la economía.

¿Vizcarra trama un golpe de Estado? Hasta ahora no ha dado un paso fuera de la legalidad y sería de su parte una locura hacerlo. Pasaría de un romance con la población en democracia (61% de aprobación) a ser un paria internacional; rápidamente, el temporal desenfreno de entusiasmo de los termocéfalos que lo incitan cedería paso a su aislamiento y, por supuesto, a la sanción penal(en esta época mucho más temprano que tarde).

Creo que él lo tiene muy claro, pero ayudaría al presidente, para hacer docencia, que su ministro Villanueva no siga repitiendo: “Vamos a cerrar el Congreso cuando se hayan agotado todas las posibilidades”. Eso no se puede hacer. Lo único que podría hacer el Ejecutivo, en el marco de la Constitución vigente, es presentar una nueva cuestión de confianza: y, solo si el Congreso no la otorga, podría disolverlo; eso sí, manteniendo en funciones la Comisión Permanente y convocando nuevas elecciones parlamentarias. Eso no es lo mismo que decir que todavía no lo van a cerrar; y, dado el inmenso descontento que hay en el país contra este Congreso, cabe explicarlo bien.

¿Podría estar más bien interesada Fuerza Popular en promoverlo? Esta tesis puede estar en las teorías conspirativas de quienes piensan que ellos necesitan patear el tablero, dada la gravedad de la situación legal de su partido. En mi opinión, ni podrían hacerlo (los militares del siglo XXI saben muy bien el desastre que ello les ocasionaría), ni les convendría (porque el poder que hoy tienen radica en una inmensa mayoría en el Congreso, que ya no existe en la sociedad, como las elecciones regionales y municipales han demostrado).

¿Quién podría estar interesado en romper la actual institucionalidad del país? Pues no es ningún secreto: las diversas izquierdas, tanto las que están en el Congreso como las extra-parlamentarias. Así, tanto Gregorio Santos como Verónica Mendoza y Marco Arana, por mencionar los que figuran en las encuestas, han pedido disolver este Congreso, adelantar elecciones y convocar una nueva Asamblea Constituyente. Esto implicaría un golpe de Estado ya no por acción militar (3 de octubre), o del Ejecutivo (5 de abril), sino por una “insurrección popular” que lo imponga. Hasta hoy las calles que piden el “cierre del Congreso” no pasan de la retórica. Ello en gran medida dado que Martín Vizcarra viene logrando canalizar por vía institucional y constitucional el malestar ciudadano que el Congreso ha generado (lo de la no reelección de congresistas, que no es solución al problema, le sirve para canalizar descontentos cada vez más profundos).

No hay que jugar irresponsablemente con nuestra institucionalidad. Recién nace y está bien enclenque. Podemos generar una ola que nos devore a todos. Como bien decía Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.

Las pasiones políticas están comprensiblemente al tope y lo van a seguir estando en los próximos meses y quizás años. Pero aun así debemos exigir a los protagonistas de este drama que al menos no mientan, difamen y ofendan; para empezar, al jefe de Estado, que, no olvidemos, “personifica a la Nación”, de acuerdo a nuestra Constitución.

La consistencia del punto de vista propio no tiene que colisionar con la verdad. La calumnia como argumento, la mayor parte de las veces, se convierte en búmeran. La violencia verbal de los jefes se transmite a sus seguidores y esto puede llegar pronto a mayores.

Tengo dudas de que a muchos hoy en política esto realmente les importe, pero hay que decirlo: el país está de por medio.