"la increíble ponencia del miembro del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos considerando legal e impecable el golpe del 30 de setiembre que disolvió el Congreso es otra señal de la lamentable situación de los organismos del sistema judicial". (Ilustración: Víctor Aguilar / El Comercio)
"la increíble ponencia del miembro del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos considerando legal e impecable el golpe del 30 de setiembre que disolvió el Congreso es otra señal de la lamentable situación de los organismos del sistema judicial". (Ilustración: Víctor Aguilar / El Comercio)
Fernando Rospigliosi

Analista político

Todo indica que se está repitiendo la historia de siempre: otra que enmascara el intento del Gobierno y un sector político para apoderarse del sistema de justicia. Ese es el motivo principal por el que, desde siempre, la justicia sigue siendo ineficiente y corrupta en el Perú. Los llamados a mejorarla no tienen interés en hacerlo, sino en usar el sistema en beneficio propio y desmedro de sus adversarios.

La nueva comedia de equivocaciones en la que está inmersa la comisión encargada de elegir a los miembros de la es un ejemplo. Y existen nítidamente intereses políticos, del Gobierno y de la coalición que lo respalda, para poner a algunos y quitar a otros. A eso apunta la consabida difusión de llamadas al inagotable César Hinostroza.

De otro lado, la increíble ponencia del miembro del Tribunal Constitucional (TC) considerando legal e impecable el golpe del 30 de setiembre que disolvió el Congreso es otra señal de la lamentable situación de los organismos del sistema judicial.

Algunos piensan que esta insólita ponencia tiene relación con ciertos hechos no tan lejanos. En mayo del 2019 se suscitó un escándalo cuando Ramos fue dado por desaparecido por la policía en Trujillo y en la madrugada se le encontró en un hotel –no en el que se alojaba oficialmente– cercano al club nocturno Scapes al que había ido. El TC amonestó severamente a Ramos y lo separó de varios cargos, según Ricardo Uceda, a instancias de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda, y con los votos en contra de Marianella Ledesma y Eloy Espinosa (“La República”, 10/6/19).

Dice Uceda que el Scapes es un “puticlub” donde “en propicia oscuridad, hay mujeres que ofrecen un show nudista”, pero critica mordazmente la hipócrita moralina de los magistrados sancionadores porque Ramos no cometió ningún delito o falta.

Pero como puntualiza Uceda, la policía filtró la noticia a los medios con el “propósito de desprestigiarlo: [porque] ya conocía su paradero. La policía ya sabía, además, que su integridad siempre estuvo a salvo”.

Lo que rumian algunas fuentes de inteligencia es que Ramos quedó advertido de lo que podía ocurrirle si no se alinea con el Gobierno, porque además habría otras escapadas del magistrado no publicitadas, pero registradas por la policía. Adicionalmente, el mes pasado recibió otra advertencia cuando el fiscal oficialista José Domingo Pérez lo denunció por presuntamente revelar el nombre de un colaborador eficaz.

Su encontrón con los magistrados que lo sancionaron el año pasado –varios presumiblemente tienen una posición distinta– también habría influido en la postura que finalmente adoptó.

Sería una muestra de cómo funciona el máximo organismo de interpretación constitucional.

En suma, habrá mucha alharaca y festejos, pero todo indica que la nueva reforma de la justicia será como las anteriores, un fiasco.

Otrosí digo. Algunos ingenuos bienintencionados me han criticado por defender el derecho de los ciudadanos a adquirir armas. Un reproche absurdo es que pretendo convertir al Perú en una suerte de Lejano Oeste donde todos estén armados para enfrentar a la delincuencia. Esa es una completa necedad. Como he señalado muchísimas veces, la seguridad ciudadana es una tarea que compete al Estado y el Gobierno debería aplicarse en combatir la delincuencia, responsabilidad en la que, como es obvio, viene fracasando clamorosamente. Lo que defiendo es el derecho de aquellos que así lo deseen a adquirir un arma de acuerdo a la ley. Precisamente lo que respaldamos –yo y la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF) que presido– es la vigencia de la Ley 30299 aprobada en el Congreso y promulgada en enero del 2015, que este inepto gobierno pretende cambiar ilegal e inconstitucionalmente con un decreto de urgencia.

En los cinco años que tiene esta ley, el número de licencias vigentes no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido drásticamente al invalidarse muchas por no haberlas adecuado los usuarios a la nueva norma. Con esta ley no ha habido una explosión de adquisición de armas, a pesar de la creciente inseguridad.

Esas ridículas y descaminadas imputaciones son producto de la ignorancia y de las ideas preconcebidas de ingenuos que le hacen el juego a un gobierno incompetente que, en lugar de hacer su trabajo y perseguir las armas ilegales que básicamente provienen del contrabando y las fuerzas del orden, intenta demagógicamente desarmar a los civiles favoreciendo a los delincuentes que, naturalmente, no se desarmarán.