Lo que no está funcionando, por Fernando Rospigliosi

La cuarentena que estableció el Gobierno desde el lunes 16 fue una medida acertada para intentar frenar la expansión del coronavirus, pero muy pronto se revelaron sus limitaciones. Por eso, a los pocos días se decretó el toque de queda de 8 p.m. a 5 a.m. (9 horas) que, según el mismo Gobierno reconoció, no ha funcionado, por lo que amplió el inicio a las 6 p.m. (11 horas) y en algunos departamentos a las 4 p.m. (13 horas). Y aun así, no cumple su cometido, así es que ahora limitan el tránsito de hombres y mujeres.

Nada es suficiente. El jueves se agolparon unas 1.200 personas desde las 4 a.m. en Villa El Salvador para recibir 200 paquetes de alimentos. Violación de toque de queda y aglomeración, para colmo inútil, porque la inmensa mayoría no recibió nada. Es un ejemplo de cómo la desesperación lleva a la gente a exponerse vanamente al peligro. Y hay muchos otros casos similares.

Esa es la situación real del país que el Gobierno y su interminable legión de corifeos no quieren ver.

Se sabe que más de dos tercios de la población son informales y que la mayoría de ellos vive al día y no puede soportar una paralización total de las actividades económicas. Y millones más son precariamente formales, con pocos ahorros y que sin recibir un ingreso no pueden subsistir más allá de unos días o semanas.

Hizo bien el Gobierno en distribuir un bono de 380 soles, pero como se sabía de antemano, no iba a llegar a todos los que lo necesitan y, con un Estado ineficiente y corrupto, parte de eso se lo iban a robar. En Azángaro, Puno, inscribieron fraudulentamente a 18 trabajadores del municipio, además de familiares, para que reciban el bono (“Perú21”, 1/4/29). ¿Alguien duda de que en muchos otros lugares ha sucedido algo parecido?

Es probable también que de los más de 200 millones de soles entregados a los municipios para que distribuyan víveres, una buena parte se roben o repartan entre parientes y amigos, y no entre quienes realmente lo requieren.

En suma, a pesar de las dificultades, es indispensable distribuir ayuda, pero pretender que con eso se pueden paliar las inmensas carencias es una peligrosa ilusión.

Aun así, las enormes penurias a las que se está sometiendo a millones de peruanos estarían justificadas si con eso se pudiera detener significativamente la propagación de coronavirus. Pero eso no está ocurriendo ni va a suceder. Primero porque las aglomeraciones siguen produciéndose en los bancos para cobrar los bonos del Gobierno, en los mercados (como en San Juan de Lurigancho, El Comercio, 2/4/20) y en otros lugares. Y segundo, lo más importante, porque no hay pruebas –ni las habrá en el futuro inmediato– ni el personal suficiente para poder hacer el rastreo de los posibles infectados para aislarlos y controlar la propagación del virus.

Y eso en gran parte por la ineficiencia del Estado. Aunque el ministro de Salud le echó la culpa a Donald Trump por comprar muchas pruebas, en realidad Colombia logró adquirir más de un millón al mismo tiempo que el ministro evadía su responsabilidad. Recién el lunes 30 el INS firmó la orden de compra. (“Gestión 1/4/20). Y el grueso recién llegará en mayo (El Comercio, 1/4/20) y seguirán siendo insuficientes.

En síntesis, si existiera la posibilidad de lograr rastrear y aislar a los infectados –sintomáticos y asintomáticos–, se justificaría la prolongación de la cuarentena y el toque de queda que están llevando a millones al debilitamiento y al borde de la inanición. Pero eso no es posible. Tampoco lo va a ser en las próximas semanas y meses.

En esas circunstancias lo más razonable es una estrategia intermedia, que permita que la economía empiece a funcionar, con limitaciones, manteniendo ciertas restricciones. Hasta que se encuentren medicamentos capaces de vencer el virus.

Finalmente, como bien dijo Mario Ghibellini la semana pasada en esta página, “contra los que piensan que esta no es la hora para criticar al Ejecutivo, los momentos en que mayor poder concentra un gobierno son también aquellos en los que más fiscalización requiere”.

Otrosí digo. La ley de protección policial, promulgada por el Congreso, no solo es constitucional sino necesaria. La norma establece el principio de razonabilidad en lugar del absurdo de proporcionalidad para los policías que usen su arma de acuerdo a la Constitución.

Es una ley necesaria en toda circunstancia, pero hoy día indispensable, para lo que va a venir luego, con la inevitable crisis económica y aumento de la delincuencia y desórdenes (ver mi blog huevosdeesturion.blogspot.com).

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.