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El extraordinario libro de John Dickie sobre la historia de la Cosa Nostra, revela que la mafia siciliana tuvo su origen alrededor de 1870 en medio de la floreciente industria exportadora de limones y naranjas. Los fundos de cítricos eran intensivos en capital y los limoneros muy vulnerables a la interrupción del suministro de agua o a los robos. Los ‘mafiosi’ nacieron ofreciendo servicios de protección por medio del chantaje: o te protejo o te robo o saboteo.
Lo mismo hicieron luego de la segunda guerra mundial, por ejemplo, con el boom de obras públicas y privadas en Sicilia (financiado incluso con dinero de la comunidad europea): en colusión con autoridades y políticos, montaron constructoras u otras empresas para obligar –por medio de sobornos, amedrentamiento o asesinatos– a las constructoras a comprarles servicios de protección, materiales y mano de obra. E incursionaron en el tráfico de heroína a nivel global. Luego de los golpes que sufrieron en los 90, cuando sus principales capos fueron encarcelados, se han replegado a la extorsión a empresas legales ofreciendo “protección” a cambio de cupos.
La mafia siciliana tiene sus códigos internos y es un fenómeno especial. Pero floreció parasitariamente cuando hubo actividades económicas lucrativas y en el contexto de un Estado débil que le permitía sobornar, amenazar y controlar a policías, jueces y políticos (llegó a involucrar al Premier Andreotti). No es casualidad que el caso más grave de algo similar –salvando las diferencias– en nuestro país haya emergido en Ancash, la región más rica en canon y presupuesto, con recursos no recaudados por la región sino caídos del cielo de las transferencias.
En Italia, la mafia pudo ser derrotada cuando el sistema judicial decidió no resolver los crímenes uno por uno sino formar un equipo de fiscales y jueces abocado a investigar a la mafia como organización.
Acá hay que hacer lo mismo, porque no cabe duda que en Ancash existe una mafia que desarrolla una estrategia compleja que despliega varias redes complementarias. Una es la legal, donde habría captado a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para designar a fiscales supremos que luego archivarían las investigaciones comprometedoras o removerían a los fiscales que los investigaran.
Otra es la administrativo-corruptora, con un personaje encargado de pagar sobornos a fiscales, jueces y policías, incluso acaso en Lima, y la famosa ‘Centralita’ desde donde se chuponeaba, amedrentaba y sobornaba también, incluyendo a periodistas. Una tercera es la empresarial-constructora, con empresas que preparaban los documentos para las obras y otorgaban cartas fianza fraudulentas para empresas fantasma que recibían el presupuesto y no ejecutaban la obra, entre otras modalidades.
Otro brazo es el sindicato de construcción civil, conectado a su vez a redes de sicarios. Y probablemente una red de narcotráfico, al que se le cobraría cupos por usar el puerto de Chimbote.
Es decir, toda una organización que solo puede ser desmontada por medio de un equipo central de policías, fiscales y jueces que identifique todo el organigrama y desmonte los mecanismos usados. Para que la ley pueda empezar a retomar el control del territorio nacional.
