Condorcanqui no puede esperar más

En el transcurso del mes de junio, la opinión pública nacional e internacional recibió una noticia desgarradora proveniente de una de las regiones más olvidadas y afectadas por la pobreza en el Perú. Existen al menos 524 denuncias contra profesores por violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Las víctimas son niñas, niños y adolescentes indígenas, provenientes de comunidades nativas awajún y wampis, de entre los 7 y los 16 años. Como ha revelado France Press, tan solo una quinta parte de los profesores denunciados fueron sancionados a nivel administrativo, lo que evidencia la incapacidad del Ministerio de Educación y de los operadores de justicia para hacer cumplir las leyes vigentes, una aterradora normalización de la violencia sexual en la sociedad peruana y la impunidad que protege a los agresores sexuales en nuestro país.

Gracias a valientes voces indígenas, la sociedad ha conocido sobre este horror, que no era una novedad ni un misterio para el Estado Peruano, pues las denuncias se acumulan desde el 2010, ante la inacción y complacencia de muchas autoridades. Un informe remitido por el Consejo de Mujeres Awajún a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui fue decisivo para que las denuncias que esperaron más de una década llegasen a los titulares nacionales e internacionales.

A través de diversos medios de comunicación, la profesora y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, ha explicado cómo ocurrió y ocurre la violencia: en escuelas y residencias estudiantiles donde asisten niños, niñas y adolescentes indígenas provenientes de zonas remotas para cumplir el sueño de estudiar. En instituciones educativas llenas de carencias, los menores han estado expuestos de manera sistemática a docentes agresores, quienes, abusando de su poder y aprovechándose de la pobreza y la vulnerabilidad de los estudiantes, han llegado al extremo de pedir sexo a niñas a cambio de toallas higiénicas. Desde esta columna rendimos homenaje a las valientes voces indígenas que, a pesar de los riesgos y las represalias, han expuesto con coraje lo que el Estado no quiso mirar.

Acceder a la educación y convertirse en profesional son anhelos profundamente arraigados en las comunidades indígenas amazónicas, donde la educación no es solo un proyecto individual, sino también una apuesta colectiva por el bienestar de los pueblos originarios y por la defensa de la Amazonía indígena. Más allá de las disculpas ministeriales por declaraciones desafortunadas o anuncios de comisiones, urgen medidas concretas. La cultura no puede ser instrumentalizada para justificar, de manera irresponsable y desinformada, la incapacidad del Estado para proteger a la niñez y administrar justicia.

A la fecha, no hay claridad sobre las sanciones a los agresores y la atención a las víctimas. Continúa surgiendo información alarmante que requiere atención inmediata, como la posible existencia de víctimas embarazadas y contagiadas con VIH. La gran ausente en la respuesta estatal es la presidenta Dina Boluarte, quien en un pronunciamiento realizado hace un par de semanas reafirmó su compromiso para proteger a la niñez de la violencia. Urge que nos explique exactamente cómo su administración va a proteger a las víctimas de Condorcanqui.

Corremos el riesgo de que las respuestas estatales no lleguen a concretarse si no se mantiene la vigilancia ciudadana. Más de diez años con denuncias de violencia sexual encarpetadas son el cruel recordatorio de la desprotección cotidiana a la que están expuestos los estudiantes indígenas. Que sean precisamente indígenas amazónicos los hace proclives al olvido público, en una sociedad atravesada por la exclusión y el racismo como la peruana. No lo permitamos.